El juez Rfecas lo solicitó la semana pasada, mediante oficios dirigidos a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la Oficina Anticorrupción. Es en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
MENU Miércoles 09, septiembre 2026
El juez Rfecas lo solicitó la semana pasada, mediante oficios dirigidos a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la Oficina Anticorrupción. Es en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
“Hemos resuelto por ahora esperar», expresó el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la decisión al respecto de la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Además aclaró que “la Corte es absolutamente independiente”.
Se trata de los ferroviarios Pablo Díaz, Jorge Daniel González y Francisco Salvador Pipitó, condenados por el homicidio del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. «Podrían intentar darse a la fuga para evitar el cumplimiento de la pena», advirtió la Cámara Federal de Casación Penal.
El Máximo Tribunal informó hoy que dictará una resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual una vez que el juez regrese al país Eugenio Zaffaroni. El magistrado regresaría de Alemania mediados de septiembre.
El ex secretario de Transporte fue investigado por la sustracción de documentación destinada a servir de prueba en otro proceso, en grado de tentativa. El ex funcionario cumplirá la pena fuera de la cárcel.
Ahora la UIF pidió a la Justicia indagar al grupo Ale por asociación ilícita y lavado de dinero. «Los Ale son una mafia que manejan la droga y la prostitución en la provincia», afirmó Susana Trimarco en diciembre del año pasado.
Desde hoy el ex mandatario es juzgado por omisión maliciosa y falsedad ideológica en su declaración de bienes. Podría ser penado con hasta seis años de prisión pero su defensa considera que la causa fue prescrita.
En el marco de la causa que investiga al ex secretario de Transporte por ocultamiento de pruebas, el fiscal Maximiliano Hairabedián señaló que «la fiscalía está segura de que los hechos existieron».
Ante la Justicia, el ex funcionario sostuvo: «Ratifico plenamente que el hecho que se pone de manifiesto nunca ocurrió». El ex secretario de Transporte de la Nación es juzgado desde hoy por el presunto delito de «tentativa de sustracción de documento», durante un allanamiento en la causa que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
Según su abogado, el ex empresario se halla en “los últimos momentos de su vida” dado que padece de Linfoma de Hodkins grado IV, por lo que el tribunal Oral Criminal 29 decidió concederle la prisión domiciliaria.