Política

Destacan la anulación de la Justicia al veto de Macri

La legisladora socialista Virginia González Gass marcó que la Justicia "reconoce derechos de la mujer negados por Mauricio Macri”.

El Poder Ejecutivo porteño deberá publicar en el Boletín Oficial la sanción de Ley 4318, de aborto no punible. Su vigencia se dio tras la decisión de fondo de la Justicia, que declaró la inconstitucionalidad del veto 107, con el que Mauricio Macri frenó la norma aprobada en septiembre de 2012, por 30 a 29 votos.

 

“Con este fallo, todas las mujeres violadas o que su embarazo ponga en riesgo su vida y su salud, podrán pedir la interrupción en centros de salud pública y privada de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó la legisladora socialista Virginia González Gass (PSA).

 

Macri no sólo rechazó la decisión del Parlamento porteño. Por aquel entonces su ex ministro de Salud, Jorge Lemus, elaboró un protocolo de actuación en el que un equipo interdisciplinario podía tomarse hasta doce semanas para autorizar la práctica, además de solicitar el consentimiento de los padres en caso de tratarse de menores.

 

“Este método de control casi inquisidor no tuvo continuidad. La justicia lo suspendió en noviembre de 2012, a instancias de las presentaciones realizadas por la legisladora María Rachid (FPV), con patrocinio letrado del constitucionalista Andrés Gil Domínguez”, sostiene la legiosladora.

 

En aquella guía de procedimientos, el macrismo hacía lugar a las posiciones integristas de algunos de sus legisladores, que priorizaron sus creencias personales.

 

“No se calculó el riesgo de realizar intervenciones en embarazos avanzados, cuando no tuvieran que suspenderse por la extensión de los plazos, o que se tratara de casos de violación intrafamiliar”, agregó González Gass.

 

Luego del fallo del  juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Roberto Gallardo, toda mujer que se encuentre en tal situación límite podrá esperar un máximo de cinco días para acceder al derecho de realizarse la intervención.

 

 

Esto deberá ocurrir con absoluta reserva sobre el paciente. De esta manera, ningún funcionario público, se trate de un jefe de gobierno o un integrante de un comité evaluador, no podrán poner transgredir esa zona sensible a la intimidad, como ocurrió en oportunidades anteriores.