La presentación de ayer fue realizada ante la fiscal Cristina Caamaño, quien subroga la fiscalía de Saavedra, y solicita «la entrega inmediata de los registros fotográficos y datos» que se encuentren en la fiscalía, y «la eventual supresión de los registros en los que estemos involucrados los presentantes», según informó el diario Página 12 en su edición de hoy. Al menos veinte vecinos lograron determinar que habían sido fotografiados por las cámaras ocultas de Campagnoli que compilaba datos y fotos que «habrían sido obtenidos y utilizados de manera irregular y con fines discriminatorios, e incluirían a menores de edad, en clara vulneración de derechos consagrados constitucionalmente». En diciembre del año pasado, la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, que encabeza el diputado Grosso, denunció a Campagnoli por «mal desempeño en sus funciones» y sostuvo en su denuncia que el entonces titular de la fiscalía de Saavedra «persigue sistemáticamente, hostiga judicialmente, discrimina de manera violenta, estigmatiza y vulnera todos los derechos». «Campagnoli realiza toda clase de actos de atropello contra los vecinos del barrio, abusando de su cargo de fiscal y tratando como delincuentes a los habitantes del Barrio Mitre por ser pobres», decía la denuncia presentada ante la procuradora nacional Alejandra Gils Carbó, donde también se denuncia que Campagnoli confeccionaba un mapa del delito que estigmatizaba a familiares de delincuentes, sin importar que no hubieran cometido un delito. En diálogo con ese diario, Grosso señaló que «es una denuncia por la persecución de personas del Barrio Mitre por ser pobres. El método utilizado es terrible. Cada vez que se cometía un delito, Campagnoli iba a buscar a cualquiera al Barrio Mitre, como si fuera un ghetto». Y agregó: «Cuando se publicó la nota que habían encontrado el archivo se comprobó que no era un invento nuestro, y que no tiene nada que ver con las acusaciones que le hacen a Campagnoli por el caso de Báez. Los pibes están muy asustados por si vuelve a la fiscalía”.

Fuente: Telam