La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dictó la primera sentencia en contra del gobierno de Mauricio Macri, al hacer lugar al amparo por mora presentado por la vecina Noemí Salabona, quien hace un año espera el pago del subsidio por inundaciones.  Por el mismo motivo,  la legisladora María América González presentó junto a la ONG DEUCO un amparo colectivo.“Esta sentencia a favor de la vecina”, dijo la legisladora María América González, “es un reconocimiento de la responsabilidad que tiene el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, administrado por Mauricio Macri, ante la incapacidad de resolver un problema mediante la realización de las correspondientes obras de ingeniería que nunca llegan a terminarse.”La sentencia expresa que desde la verificación del daño (28/6/2010), o sea tres meses después de la inundación, y hasta el momento, «a pesar de que la autoridad pertinente dictaminó que se encontraban cumplidos todos los requisitos para el otorgamiento del subsidio en fecha 9/9/2010, no ha recaído la resolución correspondiente que por esta acción reclama la amparista». Y agrega, «En consecuencia la administración incurrió en mora toda vez que no ha dictado aún el acto administrativo que resuelve el pedido de la actora a pesar de que estarían dadas las condiciones para ello… Estimo que ha transcurrido un plazo más que razonable para que la Administración resolviera la cuestión, sin que hasta el momento lo hiciese, y que incluso se ha comprobado que no se han respetado los plazos legales para hacerlo. Es por ello que corresponde hacer lugar a la acción intentada». Al respecto y sumándose a la causa, la legisladora de Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur comunicó: «Presentamos un amparo colectivo junto a la ONG DEUCO (Defensa de usuarios y consumidores) para que se declare la nulidad absoluta e inconstitucionalidad de las normas del Decreto Reglamentario (D.664/2010) que establecen restricciones y exclusiones al otorgamiento de los subsidios no previstas en la ley reglamentada 1575, y que por lo tanto contradicen su espíritu y el objeto de la misma. Solicitamos además la revocación de todos los actos administrativos que se dicten en función de estas limitaciones”. La presentación quedó radicada en el Juzgado de 1ra. instancia en lo contencioso administrativo y tributario Nº 9, secretaría 17.El amparo colectivo plantea que: se declare la nulidad absoluta e inconstitucionalidad: del tope de $8000 del subsidio,  de la exclusión arbitraria y contraria a la ley de los daños causados a vehículos que estuvieran estacionados en contravención o que estuvieran radicados en otra jurisdicción y a los daños causados a bienes suntuarios que el reglamento no define y la ley reglamentada no dispone.Así mismo se pide  la nulidad absoluta e inconstitucionalidad de la exclusión arbitraria y contraria a la ley que prevé la previa resolución de las deudas por multas o infracciones e Ingresos Brutos que el solicitante del subsidio pudiera tener y se implemente la línea de créditos por parte del Banco Ciudad para los vecinos damnificados.