El viernes pasado, los legisladores porteños que integran la Comisión especial investigadora de las responsabilidades políticas de Mauricio Macri en la causa de las escuchas ilegales, decidieron por mayoría de votos, concurrir a las instalaciones de la Policía Metropolitana si la institución continua demorando el envío de la prueba documental  que le fuera solicitada. Igual medida se tomará con los ministerios de Educación y Justicia y Seguridad. Previa a la toma de esta determinación, la reunión no fue del todo tranquila. Durante mas de una hora debatieron sobre si la presencia en la reunión de la Comisión especial,  del asesor de Marcelo Parrili –denunciado por Cristian Ritondo por amenazas- era correcta o no. Mientras el PRO sostuvo vehementemente que Antonio Liurgo no podía estar, la oposición, sin defenderlo, sólo se limitó a exigir volver a trabajar sobre la labor del día y “no hacer circo al que nos quiere llevar el PRO”, según dichos de algunos legisladores.Otro no como respuesta obtuvo el PRO cuando a través de Lidia Saya trató de introducir al debate la apelación presentada por el bloque macrista  sobre la intervención del Poder Judicial en la convocatoria de testigos a la Comisión. Así mismo, Saya cuestionó los motivos por los cuales Martín Hourest, como presidente de la Comisión, decidió recurrir a Andrés Gallardo y también leyó la apelación que presentó, por su parte, la fiscal Ana di Iorio.Hourest, le replicó que eso fue explicado en la reunión anterior, a la que  el PRO no había concurrido minimizando la denuncia. El legislador Borrelli se refirió al carácter «secreto» de  los papeles del SIDE que llegaron a los despachos de los diputados con las razones por la cual los funcionarios nacionales no concurrirían a la Comisión. y reclamó «mayor cuidado y seriedad en lo que se hace». La secretaria de la Comisión, Gabriela Cerruti,  explicó que las hojas que circularon eran sólo dos de las cuatro que se habían enviado y que las de carácter «reservado» son las que no se hicieron circular, no haciendo lugar al reclamo. Por su parte, el  legislador Diego Kravetz, presidente del bloque Peronista, resaltó el retraso en el envío de la prueba documental por parte de la Policía Metropolitana e instó al Presidente de la CEI a que se acelere este proceso, o en todo caso, que la Comisión pudiera visitar las instituciones para proveerse del material. A este pedido, el presidente Martín Hourest agregó, los  Ministerios  de Justicia y Seguridad y  de Educación. En este punto Borrelli advirtió que la CEI “no está facultada” para hacer ese tipo de acciones, pero sin embargo, el pedido de Kravetz fue votado y aprobado sólo por la oposición.Por último, la secretaria de la CEI leyó el listado de testigos convocados para el lunes y martes próximo. El lunes 4 de octubre será el turno de Agustín Gamboa (secretario general de Política Criminal y Planificación Estratégica del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad) y de las autoridades de la Universidad de La Matanza, quienes de no presentarse serán convocados por la fuerza pública según esté en  vigencia o no   el fallo del juez Gallardo.