Se sabe que el Gobierno destinaba a hacer uso del lugar para que allí residieran estas familias, a cambio de un alquiler mensual y del mantenimiento del lugar. Pese a argumentar que “la disputa no está clara”, personas presentes durante el conflicto, explicaron que la decisión del propietario fue de “dejar de rentarlo como hotel”.

Con críticas al Gobierno por no “garantizar la finalización del ciclo lectivo de los 58 chicos que residen en el lugar”, los ocupantes están a la espera de una respuesta oficial por parte de la Asesoría General Tutelar, que garantice por escrito la continuidad en el lugar hasta diciembre. Hasta este mes, precisamente, se postergó el desalojo, el segundo intento en menos de dos años. 

Mediante un comunicado, el gremio docente ADEMyS alertó sobre esta situación. 

Los desalojados explican  que el subsidio de 700 pesos que el Gobierno porteño les da no les alcanzaría para alquilar en otro lugar, porque en la Ciudad los hoteles para estos casos tienen tarifas de 1.000 pesos mensuales por persona y no tienen planes de renta por grupo familiar.