Esta resolución surge luego de la audiencia convocada por el Juzgado de Liberatori, en la que se había intimado “a que en el término de 10 días acompañe al expediente el acto administrativo correspondiente a suspender la instalación de las cámaras de seguridad. La prohibición rige para todas las escuelas públicas de la Ciudad, así como para otros establecimientos donde pudieren resultar afectados los derechos a la intimidad y privacidad de niños, niños y adolescentes. Esta medida ha sido consecuencia de la medida cautelar dispuesta por la Jueza Elena Liberatori ante la presentación de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH) en patrocinio de padres de niños que concurren a escuelas públicas. El Secretario General de UTE, Eduardo  López consideró la noticia «un doble triunfo, ya que este gobierno no tiene por costumbre cumplir con las mandas judiciales». “Se negaron a dialogar con nosotros y los docentes, por eso tuvimos que recurrir a la Justicia para recordarle al Poder Ejecutivo porteño que existe un límite a la discrecionalidad administrativa”, explicó el abogado del ODH Demian Konfino.  Desde UTE y ODH celebramos que la Justicia haya venido a encarrilar, una vez más, el arbitrario proceder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.