El legislador del GEN Martín Hourest, planteó cómo la ciudad de Rosario tiene un presupuesto dólar por habitante en recolección de residuos de 40.6 dólares; la ciudad de Santa Fé, un costo por habitante de 17.6 dólares; la de Córdoba, 70.7 dólares y la ciudad de Buenos Aires tiene un costo de 112.2 dólares que cada habitante paga anualmente. «El contrato de la recolección de residuos de la Ciudad no viene a confirmar la regla como excepción sino a instalar la regla. ¿Qué significa esto? Que en realidad la excepción acompaña a la regla diciendo que lo normal es lo otro, si uno lo mira del otro ángulo, la excepción delimita la normalidad, y cuando uno lo mira desde un Estado que esta frente a un proceso contractual agotado que tiene permanentemente en condiciones de monopsonio surtir los recursos que le reclama un oligopolio privado, me da la impresión que estamos frente a una excepción que funda la regla que es la de la simetría». «Pero esta regla de la simetría tiene otro componente: he analizado los rendimientos extraordinarios de los balances de las empresas. Y estas empresas no tienen en este contexto rendimientos por debajo del promedio sino que siguen registrando balances extraordinarios. Pero lo que es peor y atendiendo a la teoría de la simetría inversa del Estado, estas mismas empresas que vienen con ganancias extraordinarias, extorsionando al estado, son las que se han metamorfoseado en la nueva licitación para ser quienes ahora vienen «supuestamente» a reducir el costo de lo que vinieron cobrando demás pero «cambiadas de equipo», porque siguen siendo los mismos, cambiados de zona o cambiados de socios. Es el mismo bloque empresarial que ha distribuido roles y espacios para hacer la misma cosa”. Frente a lo dicho por el ministro de Medio Ambiente y Espacio Público, Santilli, sobre que los contratos están vencidos, Hourest le responde que “se tiene que fijar de ver si ese contrato tiene alguna razonabilidad con unidades de medidas similares porque esta claro que la continuidad de un servicio implica la garantía intertemporal de la sinrazón y la verdad es que la Ciudad de Buenos Aires tiene uno de los costos en recolección de residuos más altos del país”. «Observo una grave ausencia: dónde está el ente testigo en su desarrollo planteado en el 2010, en el 2011, porque el ejecutivo porteño planteó que el coordinador era el Ente de Higiene Urbano y cuando yo miro, acorde a los propios números que ustedes nos mandan, conforme a la cuenta de inversión 2010, el Ente tenía a su cargo 3135 cuadras con 112 millones de pesos y $35.972 por cuadra. Las empresas privadas tenían 20.985 cuadras, 1.362 millones de pesos y $64.927 por cuadra. Al haberse subdividido el Ente con la nueva zona, uno podría decir «entonces Santilli tenía razón» porque como son tan distintas la zonas es correcto que el Ente saliera mucho menos y las privadas mucho más. Pero en la licitación 1.176 del 2010 para la zona urbana número 7, el valor por cuadra es de $37.625, muy similar al del Ente de Higiene Urbana y absolutamente dispar con el que se les paga a las privadas. Y la pregunta es sencilla: cuando uno habla de zona testigo remite a dos conceptos: 1) Al testigo que permite la elaboración de un mapa de costos o 2) Al testigo que se calla la boca y dice que sí porque se lo indican. Y la verdad es que cuando yo miro el criterio del ejercicio presupuestario 2012 planteado por ustedes, veo que esta lógica del Ente de Higiene Urbana tiene un incremento porcentual del 4% y una ejecución del 48% con una subejecución sustantiva de bienes de uso. Mi pregunta es: cómo subejecutando, cómo no haciendo crecer el presupuesto y cómo no introduciendo vectores que recompongan la ecuación de costos de las empresas este Ente va a ser un testigo. Entonces o es un «Testigo en peligro» o es un testigo mudo». «Mi impresión es que no hay un plan estratégico. El punto ahora es, de qué manera y con qué estrategia la Ciudad sale de esto. Lo cierto es que no estaría mal tal vez que la Ciudad se plante y diga: «para el sistema de recolección de residuos hay asignado tanto y que este sea el argumento para disciplinar a los actores privados y no que la existencia de un número mentiroso sea el aliciente para aquellos sectores privados que nos fijan a nosotros el precio de la recolección de residuos», concluyó el diputado Hourest.