Su autora, la diputada Gabriela Alegre, plantea que el Ejecutivo debe detallar «en qué fecha comenzó a atenderse en ese efector la mujer que solicitó el aborto legal y en qué áreas y servicios se atendió». Además, pide datos acerca de «cómo llegó la información sobre la identidad y el domicilio de la paciente a conocimiento de las personas que realizaron manifestaciones frente al domicilio de la mujer que solicitó el aborto» y la forma en que el capellán del hospital, Fernando Llambías, supo que se iba a hacer la interrupción del embarazo. Por último, indaga acerca de «quién autorizó a miembros de la organización Asociación Civil Pro Familia a tomar contacto con la paciente en la mañana del 9 de octubre», fecha prevista para la realización del aborto. En tanto, diputados de la oposición solicitaron que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, no vete la ley que regula los casos de abortos no punibles,  aprobada por el Parlamento a fines de septiembre. «Avanzamos en el acceso de las mujeres al aborto seguro, legal y gratuito en casos de violaciones. Es un triunfo del movimiento de mujeres y de los sectores populares de nuestra sociedad. Si Macri veta la ley será la Justicia quien deberá actuar nuevamente», dijo María Elena Naddeo, del Frente Progresista y Popular. Por su parte, la legisladora María Rachid, del Frente para la Victoria, pidió al jefe de Gobierno «que sea honesto con los motivos que esgrime para vetar la ley» ante el anuncio oficial que se hizo desde el Ejecutivo acerca del veto contra la norma sancionada por los diputados con 30 votos a favor y 29 en contra. Al respecto, Jorge Selser, diputado que preside la Comisión de Salud, expresó que «Mauricio Macri debería pedirle disculpas a la Legislatura porque ya es la ley 107 aproximadamente que veta».