Comenzamos esta carta –que a la vez es un llamado– con la fácil comprobación de cómo han avanzado, de qué recursos se valen y cómo se realizan los crecientes procesos de deslegitimación del Gobierno. El estadio siempre presente de lo político, si bien no suele ser el más hablado, es el de la creencia colectiva, la libre opinión emancipada del tejido social. Hay un tono diario que tienen el hombre y la mujer de la calle para expresar en un sistema sabido de signos rápidos, sus opiniones sobre la relación de los hechos colectivos con sus propias perspectivas vitales. Como sabemos, son la forma más profunda y también menos formalizada de las opciones políticas. Creencias en estado de insinuación, que suelen llamarse humores o estados de ánimo, nombres imprecisos pero elocuentes, en cuyo otro polo suelen estar las elucubraciones más exigentes, el cálculo de los políticos y el modo real en que operan las fuerzas sociales y económicas.

Estamos hablando del basamento efectivo y crítico en que se enraíza todo gobierno, el sustento de la verosimilitud del vivir común en un sociedad, las hipótesis que nos dejan entrever que no hay miedo en la convivencia, que hay esperanza en la vida pública y argumentos, por más que puedan ser apenas borroneados, en la esfera manifiesta de las acciones democráticas. Revistiendo tanta importancia el núcleo de creencias públicas que son siempre cambiantes, pero no impiden revelar una viga maestra de donde toda comunidad viviente extrae el concepto de lo justo, hasta cierto punto es lógico que sean ellas las primeras atacadas. Ellas deben ahora encontrar sus propias lógicas expresivas ante el avance impiadoso de una narrativa mediática que apunta a deslegitimar, bajo la forma de un relato brutal, lo recorrido desde mayo de 2003. Para producir el ataque buscan sus símbolos evidentes, las palabras que ciertos ritos, ingenuos o profundos, señalan como el lugar de la creación de mancomuniones sociales. Es lógico, decimos, que quien desee perjudicar de modo extremo esta conjunción ciudadana donde se encuentran las instituciones visibles y la vida cotidiana, las políticas públicas y las realidades del trabajo, la actividad persistente de las más diversas militancias, dirija su hostilidad a los cimientos formadores de la adhesión que se congrega en las capas de la población que sostienen una experiencia singular de cambios sociales. ¿Qué cambios? Los que implican que por primera vez en la historia nacional se discutan aspectos de la organización del Estado y la sociedad, de la Justicia y los medios de comunicación, con sentido emancipador y no restrictivo o portador de coerciones. Se trata, después de muchos años, de darle a la idea de justicia una dimensión que logre articular lo que siempre fue prolijamente separado por los poderes económicos: la libertad y la igualdad. Contra la apertura inédita de estas dimensiones fundamentales de la vida social es que se dirigen estas acciones profunda y visceralmente desestabilizadoras no sólo de la continuidad de un proyecto transformador sino, también, destinado a incidir insidiosamente sobre el sentido común de una parte significativa de la sociedad que es capturada por ese discurso destructivo y hostil de cualquier forma de convivencia democrática. De las cloacas del lenguaje se extraen los argumentos que, más allá de cualquier prueba, son presentados como la verdadera cara de un gobierno supuestamente atrapado en su propia red de venalidades y corrupciones. Ya no importan las diferencias políticas o ideológicas, tampoco los modelos económicos antagónicos, lo único que le interesa a esta máquina mediática descalificadora es sostener un bombardeo impiadoso y constante que no deje nada en pie.

Pero entonces, con menos pruebas que arietes dirigidos a mansalva, ausentes los fundamentos del uso de la prueba, la investigación, el juicio sobre las leyes y el mismo andamiaje legal del país, se considera todo ello fruto de un espíritu despótico, de jefes políticos que se prepararon toda una vida para llegar a la función pública mandando agrandar los cofres familiares mientras pronunciaban palabras como impuesto a la renta agraria o asignación universal por hijo. Nuevamente la impostura pero ahora justificada por un ansia desenfrenada de enriquecimiento. La oscura figura del avaro, la brutal construcción del “judío” con los bolsillos llenos de dinero que supo desplegar el antisemitismo exterminador, el relato de fabulosas bóvedas rebosantes de oro y de billetes se convierten, como en otros momentos de nuestra historia en la que gobiernos populares fueron derrocados por ominosas dictaduras, mediante la estética del más consumado amarillismo periodístico, en santo y seña de una oposición que busca destruir no sólo un gobierno, sino la propia legitimidad de la política. Todos los recursos de esas estéticas televisivas y de la ficcionalización disfrazada de realidad son movilizados por quienes buscan horadar a un gobierno que, por primera vez en décadas, cuestionó injusticias y desigualdades, tramas monopólicas y abusos de poder de quienes siempre se sintieron los dueños del país. Quieren sembrar la duda en el interior de la sociedad. Buscan emponzoñar una realidad que ha sido transformada en un escenario por el que desfilan políticos corruptos, valijas llenas de dinero, oscuros entuertos financieros, prebendas nacidas del afán pantagruélico de quedarse con riquezas fabulosas. Atacan no sólo al kirchnerismo. Su objetivo es más amplio: apuntan a destituir cualquier posibilidad de que la política sea un instrumento emancipador.

Pero si se discute la Justicia es porque finalmente una comunidad arribó a la discusión de lo más profundo que hay en la Justicia: lo que se halla en las pausas internas de sus articulados, en la manifestación misma de las figuras del derecho, que es lo que aquí llamamos lo justo. El intrínseco actuar común en torno del diferendo que se resuelve con argumentos y el pensar sobre los otros. Lo justo es la alteridad de nuestra propia vida ofrecida como prueba de que ella misma debe introducirse en esos domicilios del pensar común sin hacer excepciones a favor de uno mismo. Lo justo también como una práctica que, al mismo tiempo que reconoce al otro y a su diversidad, también se afirma en la distribución más igualitaria de los bienes materiales y simbólicos. Lo justo no como retórica de lo nunca realizado sino como evidencia, más que significativa a lo largo de esta última década, de un proceso de transformación social que no sólo vino a reconstruir derechos sociales y civiles sino a poner en cuestión la hegemonía de aquellos que condujeron al país a la desigualdad y la injusticia. Eso es lo que no perdonan ni aceptan. Contra eso dirigen todas sus baterías mediáticas y sus golpes de mercado.

Sin embargo, los ataques a lo justo comienzan siempre en los lugares más sensibles, que son donde se equilibran el deber de los funcionarios con la organización de un formidable sistema para repartir cuotas perseverantes de sospechas o suspicacias respecto de su probidad y acciones regidas por lo que convenimos en llamar ética pública. Esto ocurrió en todas las épocas, porque no es de hoy el descubrimiento de que la ética pública es menos un decálogo de virtudes que un sistema de símbolos de enorme fragilidad que tiene su domicilio último en el empleo consistente y verídico de la palabra pública. No sabríamos decir, ahora, si las enormes maquinarias para horadar a los cuadros dirigentes de un país han excedido, por un lado, lo que ocurría en épocas pasadas, cuando eran las grandes crisis económicas, los procesos interminables de inflación –como en la Alemania de los años ’20–, los ámbitos de incerteza que hacían que todo lo sólido se evaporase en el aire. Sí sabemos que están dispuestos a empeñarse a fondo, sin ahorrar ningún recurso, para descalificar a un gobierno que ha puesto el dedo sobre la llaga del poder hegemónico en el país; de un gobierno dispuesto a doblar la apuesta abriendo brechas antes inimaginables en el interior de una sociedad que parecía entregada al saqueo de todas sus esperanzas.