El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se quedó con tres de los cinco directores del Ente Regulador de Servicios Públicos, un paso central para evitar que hasta 2018 el organismo multe a empresas estatales como Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) o Autopistas Urbanas (AUSA). Para lograrlo, sentó a un vocal propio en la silla que debería ocupar un representante de las organizaciones de consumidores, según denuncian entidades del rubro y hasta fuentes del mismo Ente. El organismo, que este año maneja un presupuesto de $129 millones, controla los contratos de concesión de servicios trascendentales para la gestión macrista como el subte o la recolección de basura. El directorio está integrado por cinco miembros y las decisiones se toman por mayoría (3 votos). La Presidenta Paola Michielotto fue propuesta por Macri, mientras que los vocales fueron elegidos por la Legislatura. Entre ellos figura Alejandra Goldsack, que responde a la diputada aliada al PRO, Patricia Bullrich; el ex diputado Julio Raffo, de Proyecto Sur, y el peronista Fernando Barrera. El vocal restante debe ser miembro de organizaciones de usuarios y consumidores y en ese lugar asumió el abogado Fernando Lauría, quien trabaja para el gobierno porteño como capacitador de la Policía Metropolitana dentro del Ministerio de Justicia de la Ciudad, y le daría la mayoría al PRO. El flamante vocal , Julio Raffo, seañaló que “El PRO tiene mayoría. Barrera y yo somos los opositores””, sintetizó. “Desde algunas entidades de consumidores se sorprendieron con la designación de Lauría. “No lo conocemos, la verdad que nunca lo oí nombrar. Por otro lado, a la mayoría de las organizaciones nunca nos notificaron para que presentemos un candidato””, advirtió Beatriz García Buitrago, de Consumidores Argentinos. Otras organizaciones también advirtieron que nunca recibieron la notificación para presentar un candidato a vocal. La excepción fue la Unión Argentina para la Defensa del Consumo que propuso a Ana Di Benedetto, quien en su curriculum se presenta como asesora legal de la entidad, pero que fue rechazada. La otra propuesta provino de la Unión de Consumidores Argentina (UCA) que postuló a Lauría, quien quedó designado. Ahora bien, en el expediente que ingresó a la Legislatura y que aprobó la Junta de Ética con la firma de diputados del PRO, del Frente para la Victoria y hasta de la Coalición Cívica, hay algunas irregularidades. La ley 1384 de la Ciudad exige que quien se presente como vocal por las organizaciones de consumidores acredite “una antigüedad de un año como miembro de la Asociación que lo postula”. También requiere una “copia del acta de la asamblea que designa al candidato”. Ninguna de las dos exigencias aparece en el expediente que aprobó la Legislatura. En su curriculum, Lauría tampoco consignó que es miembro de la UCA. Sólo nombró que participó en un seminario de la entidad y se definió como “miembro” durante su exposición en la Audiencia Pública. Ayer El Cronista quiso comunicarse con Lauría pero no hubo respuesta. Por su parte, el presidente de la organización, Fernando Blanco Muiño, aseguró que Lauría es miembro de la entidad de consumidores. Pero las dudas en las otras organizaciones perduran. Es que recuerdan que el último vocal en representación de las entidades de consumidores en el Ente fue Michielotto, también bajo el arco de la UCA, quien hace una semana asumió como Presidenta, a pedido del líder del PRO.