Barracas es uno de los tantos barrios porteños en los que a simple vista se vislumbra una importante cantidad de edificios antiguos,  algunos con casi cien años de existencia. Este es el caso del ubicado en la calle Montes de Oca 1649, que en la actualidad está en venta. Este dato resultaría anecdótico si no fuera porque el inmueble es anterior a 1941, considerado de “valor patrimonial” y para ser demolido tiene que pasar antes por el dictamen del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales.Según indicaron desde la organización Proteger Barracas, todos estos datos están sacados de la base de datos de la Subsecretaría de Planeamiento, en el Área de Protección Histórica del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno porteño, donde figura como edificio con catalogación preventiva. Es decir que, está en estudio su protección como de valor patrimonial y por eso “no puede derrumbarse”.Al igual que el ubicado en Montes de Oca, otras ochenta propiedades catalogadas de “valiosas” están contempladas en un proyecto de ley elaborado por el legislador Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica.Ante tal situación, Proteger Barracas, en conjunto con los inquilinos que residen en la propiedad, están tratando de evitar la medida que pretende llevar adelante la inmobiliaria Arkis, cuyo fin es vender el inmueble como si fuera “un terreno vacío” y en su lugar construir «modernas torres».En lo que respecta al terreno, tiene 20 metros de frente y 100 de profundidad. Diez son los departamentos, y en ellos residen de tres a cuatro personas.“La intención de vender está hace rato”, indicó un vecino indignado quien, entre la bronca y la duda, no supo responder si el real objetivo es “derrumbarlo para construir torres» o resulta de «un apriete a los inquilinos”.“Si quieren hacer ver que es una vivienda obsoleta, están confundidos”, puntualizó el vecino, quien pese a reconocer algunos problemas propios de la antigüedad del edificio, no considera que se “venga abajo ni mucho menos”.En lo que va de 2011, varias han sido las denuncias radicadas tanto en la Defensoría del Pueblo, como en la subsecretaría de Patrimonio Cultural y en la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural del Gobierno, ya que de producirse la demolición, ésta “sería ilegal”.Por último, el vecino dice que sospechan que el Gobierno podría ser uno de los interesados en construir en ese predio, más aún si se tiene en cuenta que está promoviendo el auge inmobiliario en el sur de la Ciudad.