El Juzgado de Instrucción n° 2 remitió las actuaciones por el incendio del 27 de abril a la Justicia Federal, dictaminando que el hecho debía ser investigado en el marco de un contexto general de Trata de Personas y así lo está haciendo el Juzgado Federal n° 6 a cargo del Dr. Canicoba Corral. Asimismo, Esteban Mur, quien trabajaba en ese taller y es padre de los niños fallecidos, se presentará mañana, martes 16 de junio, a las 10 horas por tercera vez a declarar en el Juzgado Federal nº 6, en el cuarto piso del edificio de Comodoro Py. Aquí, como querellante en la causa, Mur viene denunciando las condiciones de hacinamiento y explotación que sufrían las víctimas del empresario Lee Sung Yop.

A contramano de lo expresado hasta ahora por el Juzgado de instrucción n° 2, así como el querellante Mur, el GCBA a través Leonardo Szuchet, Director General de Asistencia a la Víctima, dependiente de Carolina Stanley ministra de Desarrollo Social, intervino manipulando a las víctimas Amparo Menchaca y Julián Rojas, pretendiendo direccionar la investigación en beneficio de la estrategia judicial de la defensa del empresario denunciado por Trata de Personas.

Los abogados de Esteban Mur, Gabriela Carpineti y Nahuel Berguier, sostuvieron que “la Dirección de Asistencia a la Víctima del GCBA, contrariando todos los protocolos locales e internacionales referidos en la Ley Nacional de Trata de Personas, manipuló a  Rojas y Amparo Menchaca, mientras se encontraban hospitalizados luego del incendio, para que estos se mostraran como dueños del taller textil de Paez, exculpando al verdadero empresario locatario del inmueble, propietario de las máquinas y quien dirigía la producción y comercialización de las prendas que confeccionaban estos trabajadores”.

Eduardo López, Secretario General de la CTA-Ciudad señaló que: «El gobierno porteño con su actuar intencionado, pretende convertir a los trabajadores costureros en responsables de su propia condición de vulnerabilidad y explotación.»

 La ausencia de políticas públicas e instrumentos de intervención adecuados en materia de Trata de Personas con fines tanto sexual como laboral por parte del GCBA, se expresa así, con total impunidad, en la causa judicial por los hechos de la calle Páez, donde el GCBA expuso a las víctimas actuando en contrario de mecanismos existentes en la materia, como el Protocolo Nacional de Asistencia a Personas Víctimas de Trata, y otros instrumentos internacionales como el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas y Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas.