La sanciones se impusieron por el incumplimiento de una ordenanza que solo permite la propaganda en una onerosa cartelería comercial. Los opositores denuncian la privatización del espacio público y piden la reforma de la normativa. Además, reclaman que se cumpla con la cesión gratuita del 25 por ciento de la cartelería a los partidos en cada elección.
Con montos de hasta 24 mil pesos










