La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados escuchó, entre otros, el testimonio de Mariannne Mollmann, directora de Promoción, Defensa y Derechos de la Mujer de Human Rights Watch a favor del proyecto de despenalizar el aborto.

Según ella «el aborto es la primera causa de muerte materna en este país. Es doblemente trágico, porque es evitable: la despenalización evitaría estos fallecimientos».

El proyecto de ley no contó con ninguna clase de dictamen por estar fuera de término pero sirvió para marcar un proyecto de agenda para el próximo año. Se trató de un debate parlamentario por el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de las primeras 12 semanas de la gestación.

Los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución dicen que el Estado debe darle a la mujer las herramientas para garantizar su derecho a decidir sobre un aborto, afirmó la danesa Mariannne Mollmann. «Hay un vínculo entre el acceso al aborto y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres» y su penalización «es incompatible con los derechos humanos», sostuvo la dirigente del organismo humanitario internacional y agregó que «la mujer decide sobre su cuerpo y el Estado debe darle todas las herramientas para garantizar su derecho».

«Son muchos los abortos que ya se hacen en Argentina; según datos de Salud, en 2008 más del 20% de las muertes obstétricas son abortos mal realizados, y en 2009 la mortalidad materna subió 28%, atribuible al aborto» penalizado explicó la especialista y añadió que «el derecho a la vida y la salud se ven restringidos por el carácter punitivo del aborto, por lo cual recomendamos que el Estado debe modificar su legislación a fin de que las mujeres no tengan que recurrir a abortos clandestinos».

En tanto el presidente de la comisión Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica consideró que este debate » tiene un nivel de alto simbolismo social porque estamos abriendo un debate que estaba clausurado: se hablaba en sordina y lo hemos transparentado».

El tema se seguirá tratando «en lo posible en febrero, antes de que comience la labor parlamentaria, y vamos a escuchar voces diferentes, muy probablemente religiosas, para luego hacer un segundo nivel de análisis, estrictamente jurídico», explicó Vega.

Asimismo, la diputada Cynthia Hotton se mostró antes del debate confiada de que el proyecto no logrará prosperar en la Cámara: «Sé que la mayoría de los legisladores en la Cámara de Diputados no apoyan el proyecto que pretende legalizar el aborto».

«Sin embargo, me parece importante dar el debate en el Congreso Nacional», reconoció la única miembro del partido «Valores para mi País».

Por su parte, Juliana di Tullio, quien preside la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia de la Cámara, se manifestó a favor de la interrupción del embarazo hasta la semana doce y argumentó que para ello las mujeres no deberían explicitar razón alguna.

“En nuestro país la principal causa de mortalidad materna es el aborto, dado que son más de 500 mil al año», indicó y consideró a este debate “una cuestión de justicia social, dado que son sólo las chicas con menos recursos las que tienen consecuencias negativas por someterse a abortos clandestinos”.

“La clase media y alta también interrumpe sus embarazos, pero al tener medios económicos suficientes como para hacerlo en un lugar seguro, no lamenta muertes ni problemas de salud. En tanto, la chicas pobres tienen consecuencias gravísimas”, agregó.

En tanto, medio centenar de diputadas y diputados de más de 11 bloques parlamentarios, entre los cuales se encuentran el Frente para la Victoria, UCR, Coalición Cívica, PRO y el socialismo, firmaron un proyecto en favor de la despenalización del aborto.

Además, cuatro universidades nacionales –UBA, Córdoba, La Plata y Comahue–, la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo y la escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de San Martín también se pronunciaron por no castigar a las mujeres que recurren al aborto.

Sin embargo, los obispos argentinos volvieron a condenar el sábado el aborto y exhortaron a respetar la vida humana desde el momento mismo de la concepción, como si la vida humana de las madres que mueren no se tuviera en cuenta en este debate.

Sobre el proyecto

El debate girará en torno del proyecto de la «Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito», por ser la iniciativa que cuenta con cincuenta firmas del oficialismo, PRO, Coalición Cívica, GEN, Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, entre otros bloques.

La campaña se conformó hace cinco años y sintetizó el lema «Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir», que comparten más de 250 colectivos de mujeres.

El proyecto plantea el derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de las primeras 12 semanas del proceso gestacional. Fuera de ese plazo, es posible el aborto si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud; si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer y si existieran malformaciones fetales graves.

La norma propuesta establece que la interrupción voluntaria de embarazo deberá garantizarse gratuitamente en los servicios públicos de salud, y las obras sociales y prepagas deberán cubrirla. La iniciativa contempla la objeción de conciencia, pero siempre una autoridad deberá «garantizar la realización de la práctica». El proyecto declara que «la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo», sino que todas tomarán «en libertad las decisiones que juzguen necesarias».