El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)  de la ONU, que monitorea el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, pidió al gobierno en los últimos días que presente en dos años «información escrita» sobre las medidas para el cumplimiento de esas recomendaciones. Según ellos «El Estado debe garantizar que la Guía para la Atención Integral de casos de Aborto no punible es aplicable en todo el país de manera uniforme por lo que es igual y el acceso efectivo a servicios de salud a los embarazos de interrupción». Al respecto Luciana Sánchez, de la Organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto explicó que “el informe del comité indica que el aborto ilegal y su prohibición pone en riesgo la salud de las mujeres y Argentina está violando los derechos humanos porque no hace nada al respecto para bajar las muertes y complicaciones de un aborto inseguro. Las que si hacemos algo somos las mujeres pero el Estado sigue haciendo como si las mujeres no abortáramos, que es como vivir en un tupper”.Según precisó “una mujer muere cada dos días por esta causa, una mujer pobre y joven. En todos los casos las mujeres mueren en el hospital por un retraso de un día en la atención médica, y esto no es por falta de recursos sino que es maltrato”.Por su parte, Fabiana Túñez de la organización Casa de Encuentro señaló que la legalización del aborto “no es un atentado contra la vida de nadie, sino que al contrario es defender la vida de cientos y miles de mujeres que mueren por abortos clandestinos, que en su mayoría son pobres y el Estado tiene que estar presente para defender los derechos humanos de todas para la interrupción voluntaria del embarazo”.“Lo que buscamos es que toda aquella mujer que desee interrumpir su embarazo tenga la posibilidad de hacerlo en condiciones seguras, en un hospital o si tiene cobertura médica, de esa manera, que no tenga que estar judicializada o condenada, que no sea clandestino y que pueda elegir el momento de la maternidad”, aseguró Túñez.La actualización de la guía para la práctica de abortos no punibles destinada a profesionales de la salud, vigente desde 2007, provocó una polémica en julio pasado cuando el Ministerio de Salud negó haber elevado a Resolución las recomendaciones presentadas con esa categoría ante el CEDAW. En el marco de la actualización, la guía prevé la práctica del aborto en casos de violación con la sola exigencia de una declaración jurada o una denuncia policial de la mujer. A su vez, el Comité también insta al Estado a que “revise la legislación vigente que tipifica como delito el aborto, con graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres» y solicitó que «adopte todas las medidas necesarias para reducir aún más la alta tasa de mortalidad materna» dada su «preocupación por la tasa de embarazo de adolescentes niñas y la mortalidad materna, un tercio de la cual es causada por el aborto ilegal». En ese sentido, reclamó que se garantice el acceso de mujeres y adolescentes a servicios de salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, y pidió «procurar que la educación sobre salud sexual y reproductiva se lleva a cabo en todas las escuelas en todos los niveles». Además se reclamó que se «acelere la adopción y aplicación» en las provincias de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género y se «lamentó» que «no fue castigada» la violencia sexual cometida contra mujeres en centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar y pidió «reparaciones a las víctimas». Frente a esto, el organismo, reclamó que el gobierno «siga intensificando esfuerzos» contra la trata de personas y destacó la «necesidad» de trabajar en los ámbitos provinciales y municipales, «especialmente en el norte de Argentina y en las zonas nororientales, donde hay más grupos de riesgo». Sin embargo, entre los avances logrados por el gobierno, el informe destaca la participación política de la mujer y expresó que «acoge con satisfacción» que, «por primera vez, una mujer ha sido elegido Presidente» y subraya que la «cuarta parte de todos los ministerios están encabezados por mujeres y que, hasta la fecha, el 22 por ciento de las personas designadas a nivel de Secretario de Estado y 23 por ciento a nivel de Secretario son mujeres», pero advierte que «hay marcadas diferencias entre las provincias».