En declaraciones a la salida del recinto, Artaza consideró al proyecto como muy beneficioso e inclusivo y remarcó que el único aspecto criticable es el de la financiación que deberá ser cubierta por los gobiernos provinciales luego de dos años de su sanción.

“Me hubiese gustado, como se lo manifesté al Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que fuera mayor el tiempo en que la Nación financie el programa», dijo el Senador por la UCR, y agregó «el Estado Nacional debe dejar de ser beneficioso con la billetera ajena y no trasladar el costo de sus políticas a las provincias porque no se les ha consultado nada a los gobiernos provinciales a los cuales la ley obligará a pagar dentro de dos años gran parte de los costos”.

De todas formas Artaza remarcó la necesidad de que cada gobierno provincial afronte un gasto en pos del bienestar social de personas que necesitan el sostén del Estado. “Creo que el próximo gobierno de mi provincia (Corrientes) deberá asumir los costos de este proyecto, dado que es una forma de igualar, de promover a aquellos que en situaciones normales quedan alejados del mercado de trabajo, de darles dignidad, un salario y una forma de sostenerse” sentenció el representante parlamentario.