En las grandes ciudades de la Argentina, el negocio inmobiliario no solamente construye rentabilidad sobre el sacrificio de aquellas personas que no pueden acceder al techo propio, también maximizan sus ganancias manteniendo un abrumador sistema ilegal de contratación que significa un monumental fraude tributario.

La reciente reglamentación de la ley 27.551, conocida como Ley de Alquileres, implica la exigencia de inscribir los contratos de locación celebrados en la República Argentina. Las corporaciones económicas que controlan la comunicación en el país han presentado el reglamento de la AFIP como un “nuevo impuesto”, invirtiendo el sentido común, victimizando a los propietarios y el negocio inmobiliario y celebrado una campaña contra las auténticas víctimas del negocio y la especulación, los inquilinos.

Así como los grupos económicos argumentan en su favor escondiéndose detrás de la realidad que sufren las pymes, el negocio inmobiliario esconde sus intereses detrás del mito de “el pobre trabajador” o “la pobre jubilada” que tiene “la suerte” de tener una propiedad y ahora es “cazada” por el fisco. Una gran mentira.

“Siempre se da el ejemplo de un trabajador/a o jubilado/a que con mucho esfuerzo logró un departamento para complementar ingresos. Bueno, la reglamentación apenas los afecta” destaca el economista e investigador del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), Juan Pablo Costa.

Y explica: “Si tenes un monoambiente que alquilas por $21.000 estás exento de Ingresos Brutos y sólo pagarías $227 del componente impositivo del Monotributo.” Para el caso de un dos ambientes alquilado a 27.500 pesos, también estaría exento de ingresos brutos y pagaría apenas 439 pesos.

“Si tenes un 3 ambientes alquilado por $45.000 pagarías $675 de Ingresos Brutos y $750 de Monotributo. Es decir, pagas un total de $1.425 por una renta de $45.000, cerca del 3%” agrega.

Por esa razón, se permite concluir que “Como se ve, esta reglamentación no afecta a los propietarios que tienen 1 o 2 propiedades en alquiler. En todo caso, puede afectar a quien tiene muchas propiedades no declaradas y grandes rentas no registradas, los cuales deberán declararlas y pagar los impuestos correspondientes.”

Con absoluto desparpajo, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (Cofeci) recomendó al Gobierno Nacional que no prorrogue el decreto que impulsa el congelamiento de los alquileres hasta el próximo 31 de marzo. Pero lo más llamativo es que el planteo incluye la propuesta de la “Tarjeta AlquilAR” para inquilinos, una iniciativa similar a lo que propone el plan “AlimentAR”. En contraste, desde Inquilinos Agrupados manifestaron que de esa forma el estado “subsidiaria” los alquileres en negro.

Básicamente, el pedido de la corporación inmobiliaria es que el Estado subsidie la actividad en negro que desarrollan para evadir impuestos.

“La norma de la AFIP sienta una suerte de igualdad con otros rubros y logrará solucionar un problema de evasión fiscal muy importante”, aseguró el presidente de Inquilinos Agrupados Gervasio Muñoz. “La medida resulta fundamental para mejorar el acceso al alquiler de los inquilinos porque el sector se manejaba en completa clandestinidad y eso perjudica a los más débiles”, añadió.

Aumentos y especulación

Un reciente informe del CESO, logró determinar que en los últimos doce meses, a pesar del congelamiento y la prohibición de desalojos, “el costo de alquilar un monoambiente en Capital Federal aumentó 50,0%. En los departamentos de 2 ambientes la suba fue de 44,4% y de 60,0% en los de 3 ambientes. Por otro lado, el último dato de inflación nuestra que para el período enero 2020 a enero 2021, la variación de los precios fue de 38,5%.”

En ese sentido, destacan que “La mediana de los monoambientes ofertados en de Capital Federal es de $ 22.500. La jubilación mínima de $19.035 no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente medio. Mucho menos para cubrir expensas, servicios y otros gastos.”

Como consecuencia de dicho accionar, destacan: “En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los altos precios impiden a gran parte de la población alquilar siquiera un monoambiente medio, empujándoles hacia zonas con infraestructura y servicios de menor calidad.”

En un informe del mismo CESO, pero sobre alquileres en Rosario, han determinado que “El valor de las ofertas de departamentos de 1 dormitorio fue el más aumentó (56,3%) en términos interanuales. Para el caso de los monoambientes la suba fue del 38,8% y en las unidades de 3 ambientes se observó una variación de 28,6$% con respecto al mismo mes del año anterior.”

“En la canasta básica no está reflejado el costo de alquilar, teniendo en cuenta que este aumentó un 40% y que los salarios están rezagados, es muy difícil para la gente afrontar estos gastos”, explicó el economista de Ceso, Nicolás Pertierra, ante el periódico “El Economista”. “Nosotros vemos una correlación entre los aumentos y la nueva ley, porque los propietarios están en una posición ventajosa frente a los inquilinos, entonces trasladan los impuestos al precio de los alquileres”, agregó Pertierra y consideró que la crisis habitacional responde, en parte, a que la construcción de propiedades son generalmente reservas de valor más que con fines de renta.

Como se advierte, el negocio inmobiliario en las grandes ciudades desconoce la existencia del Estado Nacional y la autoridad institucional que emanan de las leyes y decretos. Se esconde en los multipropietarios la cultura de mantener en negro su actividad para exprimir su rentabilidad hasta el paroxismo.

El avance en la sanción de la ley 27.551 significa un enorme paso adelante para avanzar en un serio control que involucre graves sanciones para aquellos que siguen apostando a maximizar sus ganancias a costa del sacrificio de quien trabaja para pagar un alquiler, o incluso, amenace la integridad de su negocio clandestino afectando la propiedad del bien que lo permite. Algo que en otras actividades clandestinas e ilegales, se reconoce como decomiso.