En un debate con militantes del Partido Obrero y del Frente de Izquierda en la zona norte del gran Buenos Aires, el candidato a Presidente en las elecciones pasadas advirtió que “una adquisición del 25% de las acciones de YPF en poder del grupo Eskenazi, por medio de una expropiación parcial, sólo representaría ‘una mejicaneada’ entre antiguos socios y de ningún modo una recuperación de soberanía petrolera”.

Para Altamira, “un canje del lugar del socio minoritario de Repsol, entre el grupo Petersen y el Estado equivaldría a una operación de encubrimiento del vaciamiento petrolero que sufre Argentina.

Según el ex candidato a Presidente, “fuera de la expropiación parcial, el gobierno no tiene otro medio para alcanzar el objetivo del control operacional de la compañía, porque los estatutos de YPF blindan el control accionario por parte de Repsol. Por otra parte, el resto de los grupos petroleros, que controlan el 65% de la producción de crudo, quedarán afuera de la pseudo nacionalización de YPF, a pesar de que se encuentran incursos en el mismo proceso de desinversiones de la subsidiaria española”.

En consecuencia, añadió, “el 40% del capital accionario que quedaría en manos del Estado, si se tienen en cuenta las sucesivas compras de acciones realizadas por la Anses a partir de 2012, que se calculan llegarán al otro 15%, dejará en pie un matrimonio forzado, que deberá renegociar el pacto nupcial: YPF se convertiría en contratista del Estado. El Estado carece de capital para asociarse a otros grupos petroleros en nuevas operaciones, por ejemplo en gas no convencional o en el Atlántico sur. En un régimen que sustituya la concesión por el contrato -completó Altamira- la remuneración del petróleo y gas extraídos se haría a precios internacionales: otra expresión de la ‘sintonía fina’ del ‘ajuste’. La financiación de esta e! stafa económica la aportarían los usuarios, los jubilados y las arcas exhaustas del Estado”.

El planteo del Partido Obrero, concluyó Altamira, es “que se proceda a la nacionalización integral de la industria petrolera. En el caso de YPF, el Estado debería reclamar una indemnización a Repsol por el fraude cometido con la privatización (la empresa se compró a precio irrisorio y mediante deuda externa y a través del desguace casi completo de la flota e instalaciones de YPF) y por el saldo negativo que deja la diferencia entre aportes de capital y utilidades extraídas, y los inmensos daños ambientales. El mismo método deberá aplicarse al conjunto de la industria, aportes menos beneficios y daños ambientales, mediante una evaluación a cargo de comités de trabajadores y especialistas inscriptos en las luchas nacionales”.

“En su conformación presente, el Estado carece de la capacidad para realizar las nuevas inversiones necesarias para superar el vaciamiento económico producido por el conjunto de las petroleras instaladas en Argentina, lo que vaticina un agravamiento del derrumbe energético. Para hacer frente a una nacionalización integral, se requiere una restructuración presupuestaria profunda (régimen impositivo que grava el consumo personal y régimen de gastos aplicado al subsidio a las empresas), lo cual implica una restructuración de la economía. Los 80 mil millones de dólares que se han fugado en los últimos cinco años son una prueba irrefutable de que Argentina genera un ahorro nacional suficiente para dar un punto de partida a una enérgica industrialización. Queda claro que la cuestión es qué clase soci! al gestiona este ahorro nacional: si la burguesía nativa o los trabajadores”, argumentó.