La propuesta se inscribe en las tradiciones de justicia social del peronismo, de igualitarismo del socialismo y de equidad de la doctrina social de la Iglesia, a la par que hace efectivo uno de los derechos expresamente estatuidos en nuestra Constitución Nacional.Como no podía ser de otra forma, algunos voceros del más acérrimo egoísmo clasista salieron a confrontar con el proyecto. “Con esta propuesta, la Argentina se parece a Cuba” dijo, con  tonos que recordaban la Guerra Fría, el presidente de la UIA, Héctor Méndez. “Es voluntarista y ridículo y además espanta las inversiones”, expresó el diputado radical Oscar Aguad. Olvida el diputado que su partido aprobó el artículo 14 bis de nuestra Constitución, tanto en la Constituyente del año 1957 como en la de 1994. Como se sabe, este artículo fue el magro reconocimiento que los constituyentes del 57 pretendieron hacerle a los derechos sociales establecidos en la Constitución de 1949, derogada por un decreto del golpe de Estado de 1955. Seguramente fue votado por ellos con la finalidad de convertirlo en letra muerta. El tercer gobierno del general Perón lo convirtió en realidad durante unos años, sancionando la cogestión obrera en varias empresas estatales. La propuesta del diputado Recalde, avalada por la CGT y apoyada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, nuevamente intenta poner en vigencia los valores fundamentales del movimiento nacional y popular.Día tras día se hace más evidente el carácter transformador de esta etapa. La propuesta del diputado Héctor Recalde apunta a uno de los ejes centrales de esta transformación.