La Cámara alta aprobó esta tarde dos proyectos destinados a generar mayores condiciones de seguridad. El primero de ellos se trata de una iniciativa impulsada por la salteña Sonia Escudero cuyo objetivo es limitar el acceso de las armas en manos de civiles y crear la autoridad nacional de control de armas y explosivos, que reemplazará al RENAR (Registro Nacional de Armas). El expediente fue aprobado por 35 afirmativos contra 27 negativos y ninguna abstención.“Lo que queremos es terminar con la incompatibilidad que implica que el órgano de control esté administrado y financiado por fabricantes y comerciantes de armas”, fundamentó la salteña en relación al dictamen. Además, la titular de Justicia y Asuntos Penales citó las cifras de un estudio realizado por la Universidad de Lanús: entre 1990 y 2008 hubo 59.300 muertos por armas de fuego, más que los soldados norteamericanos muertos en la guerra de Vietnam, en un período de 18 años (1956 – 1975), con 58 mil muertos.“Hoy la función de controlar las armas no puede estar privatizada; es una cuestión indelegable del Poder Ejecutivo nacional. Por eso buscamos la creación de una Autoridad Nacional Control de Armas y Explosivos, que va a registrar pero también va a controlar”, fundamentó.Con este proyecto también se pretende aplicar un control parlamentario y llevar estadísticas de muertos y heridos con armas de fuego mediante informes anuales que el Ejecutivo deberá remitir al Congreso. Sobre las municiones, también se estipula que el Estado debe regularizar la compra de las mismas para evitar el contrabando.La iniciativa de la salteña para modificar la legislación sobre armas no sólo encontró la resistencia del oficialismo y de organizaciones del sector, sino que fue precedido por la denuncia de la senadora del Peronismo Federal de haber recibido amenazas mediante una serie de mails en los que se le advirtió que si se avanzaba en el tratamiento de la ley, se le ocasionaría daños a ella o a su familia.En cambio, con respecto al otro proyecto en danza, existió un acuerdo casi total, por eso consiguió 61 votos afirmativos contra 1 negativo, proveniente de la senadora María Eugenía Estenssoro de la Coalición Cívica. Se trata del expediente del rionegrino Miguel Ángel Pichetto, que apunta a la actividad de los desarmaderos de automóviles.La letra del proyecto prohíbe la comercialización, transporte y almacenamiento de autopartes, repuestos y/o accesorios usados de automotores y el desarmado de un automotor para la venta de sus partes, sin debida autorización legal. Prevé, asimismo, la clausura definitiva de todos los locales, depósitos, galpones que funcionen como desarmaderos ilegales.El proyecto original del titular del bloque oficialista fue reformado debido a que prohibía  completamente la actividad de los desarmaderos, lo que supuso la resistencia de los representantes de la industria. Escudero, como titular de la Justicia, aclaró que: “si avanzábamos en la prohibición total íbamos a afectar un mercado lícito. En cambio, se busca mantener la posibilidad de que existan desarmaderos pero con previa habilitación, además de tipificar las conductas penales”. Asimismo, sobre los bienes jurídicos establecidos  -cuestión que  no resolvía el texto original- advirtió que “son claros: la vida, la salud y el derecho a la propiedad”.En la defensa de la iniciativa, Pichetto dio muestras de su disconformidad con las reformas a las que fue sometido su expediente.”La idea iba dirigida al cierre de los desarmaderos en la Argentina. Considero que esta actividad tiene una naturaleza ilícita, es un invento argentino, parecido al dulce de leche pero en su versión ilícita”, ironizó.Remarcó que se trata de un “negocio cuasi mafioso” debido a que supone “control del territorio, robo de automotores, connivencia con fuerzas de seguridad y complicidad del ciudadano en la compra de repuestos”. Sobre el hurto de vehículos, Pichetto expresó que “hoy el robo se caracteriza por la violencia extrema, por la muerte de alguna de las víctimas. Por eso, más temprano que tarde la Argentina va a cerrar esta actividad, se trata de luchar contra el delito organizado”.En tanto, subrayó que “el proyecto original lo consideraba como un delito federal, porque cruza distintos puntos del país. La norma fue atenuada, supuestamente hay legitima venta, yo creo que no, detrás de un repuesto legítimo se venden diez robados”.Más allá de los reproches del rionegrino, el texto reformado fue aprobado por amplia mayorìa. Entre los artículos del dictamen aprobado se castiga con prisión de seis meses a dos años para: quienes comercialicen autopartes, repuestos o accesorios usados de automotores en forma ilegal; quienes desarmen un automotor para vender sus partes sin estar legalmente habilitado; y quien compre autopartes en locales o a personas no habilitados.Penas más duras -prisión de tres a seis años- le corresponderán al que colabore para eludir las investigaciones; oculte autopartes, repuestos o accesorios usados o coopere con los autores del delito. La pena se elevará a ocho años si el robo se realiza con uso arma de fuego o con la intervención de  menores de edad; y también en los casos en los que se provoque lesiones a la víctima o terceros. En caso de muerte la pena de prisión será de 5 a 10 años.También, contempla penas para los miembros de bandas o asociaciones ilícitas que comercialicen  autopartes robadas, a quienes impone pena de prisión de entre tres años y seis meses a diez años. La pena máxima se elevará a 12 años si la asociación ilícita cumple alguno de los siguientes requisitos: esté integrada por, como mínimo, 6 personas; o en caso que tenga una organización de tipo militar; o si tiene participación de funcionarios públicos o agentes de las fuerzas armadas o de seguridad. A pedido del radical Mario Cimadevilla, la norma prevé la identificación mediante una serie numérica de las autopartes, repuestos y accesorios usados (los que fije la reglamentación).Sobre estos avances y como una crítica indirecta al oficialismo, Escudero sentenció: “La ciudadanía nos está pidiendo respuestas sobre la seguridad. No estamos diciendo que es una sensación, nos hacemos cargo y salimos a dar respuestas. Este Senado no tiene  las manos atadas, tenemos las manos muy ocupadas en solucionar estos problemas. Es muy distinto tener las manos atadas que los brazos cruzados”.

Fuente: NCN