Hace treinta años, tras la caída de una brutal dictadura militar de siete años, los argentinos votaron en elecciones generales.

El proceso democrático se ha mantenido intacto desde entonces, y ayer por la noche muchos aquí celebraron una ley de medios que creen es fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Los opositores, sin embargo, dicen que es una herramienta peligrosa, cuya única función es la de silenciar las voces contra el gobierno.

Después de cuatro años de medidas cautelares, apelaciones, y campañas publicitarias que polarizaron opiniones, los jueces de la Suprema Corte dictaminaron ayer que la polémica ley de medios de 2009 era constitucional.

El fallo significa que Clarín – uno de los mayores conglomerados de medios de América Latina, que luchó enérgicamente contra la legislación – finalmente debe cumplir con la ley, que limita el tamaño de las empresas de medios de difusión y sustituye a la legislación de la dictadura.

Clarín es un abierto crítico del gobierno, acusado de mentiroso por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ahora está obligado a subastar muchos de sus activos. Las compañías de medios, por ejemplo, no pueden tener más de 24 licencias de radiodifusión en toda la Argentina. El proveedor de cable de Clarín es dueño de al menos 158.

«Este es un triunfo para la democracia, la libertad y el pluralismo», dijo Martín Sabbatella, quien dirige la agencia gubernamental encargada de hacer cumplir la ley, tras la sentencia de ayer. Los jueces determinaron que «al limitar la concentración del mercado,» la ley «favorece a la libertad de expresión.»

Clarín no está de acuerdo. Su director ha llamado a la ley un ataque a la prensa independiente y, posteriormente, a la libertad de expresión. Sin embargo, durante la audiencia de la Corte Suprema en agosto, los abogados de Clarín titubearon en busca de una explicación cuando se le preguntó cómo se vería afectada la libertad de expresión.

En un comunicado, la empresa dió a entender que la verdadera intención del gobierno era controlar los medios de comunicación. Se acusó a la administración de la presidenta Kirchner de «colonizar» el 80 por ciento de los medios de difusión a través de una serie de estrategias, entre ellas hacerlos depender de la publicidad oficial.

En su fallo de 392 páginas, los magistrados advirtieron contra el uso de la publicidad oficial como un medio para «eliminar la disidencia y el debate pluralista de ideas.»

Kirchner – que fue reelegida con el 54 por ciento de los votos en 2011, y mantuvo una estrecha mayoría en ambas cámaras del Congreso en las elecciones legislativas del domingo – también ha sido acusada de gobernar Argentina por decreto y de tratar de influir en los tribunales. El año pasado, la presidenta nacionalizó una empresa petrolera por un decreto de emergencia y, en 2010, utilizó el mismo método para despedir al presidente del banco central.

Algunos analistas dicen que su gobierno se ha aproximado a un «autoritarismo competitivo», en el que se celebran elecciones libres y justas, pero se abusa de otros procesos democráticos y de los medios de comunicación.

Para los partidarios de Kirchner, sin embargo, la constitucionalidad de la ley de medios y el 30 aniversario de la democracia son hoy motivo de una doble celebración.

Fuente: Csmonitor, EE.UU.