Brasil ha avanzado mucho en las últimas décadas en términos de servicios básicos universales: el Sistema Único de Salud, creado en 1988, con la promulgación de la nueva Constitución, garantiza el acceso gratuito a la atención sanitaria para todos los ciudadanos.

En los años 90, fue conquistada la universalización de la educación básica. En la primera década del nuevo siglo, los programas de salario básico trataron de ofrecer a todas las familias las condiciones mínimas para superar la pobreza.

Sin embargo, este proceso – en salud, educación, asistencia social y transporte – no se ha caracterizado por la calidad. Además, algunos grupos sociales permanecen sin acceso a estos derechos básicos, incluso aunque su universalización es obligatoria por ley. Estos son los casos de los pueblos indígenas, personas con discapacidad, inmigrantes y personas sin hogar. En general, los afrobrasileños y los residentes de las zonas pobres de las grandes ciudades tienen menos acceso a los derechos básicos que otros.

Ciertamente las protestas indican un cambio importante: de una actitud de pasividad y alienación a una demanda de participación. Hay una diversidad de grupos y reclamaciones en las calles, pero con un objetivo común: la demanda de ser escuchados y de participar en los procesos de toma de decisiones. Si esta fuerza inicial se mantiene y es orientada hacia la ocupación de los espacios de participación democrática directa, tales como consejos, foros y conferencias – creados por la Constitución del 88, pero constantemente debilitados por los gobiernos – importantes cambios ocurrirán en Brasil.

Los gobiernos estatales, municipales y federal tienen que escuchar las voces de las calles. Esto puede ser una excelente oportunidad para los gobiernos de fomentar el debate sobre cuestiones cruciales que durante décadas no encontraron espacio en la agenda política.

Fuente: The New York Times, EE.UU.