El camarista Diego Sánchez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura en el 2011 por sus colegas de Sala, las juezas Ana María Brilla de Serrat y Patricia Barbieri, por la Cámara Civil en pleno, su tribunal de Superintendencia, el Colegio Público de Abogados de Capital Federal (CPACF), otros  magistrados, abogados de la matrícula y hasta fue observado por la Corte Suprema de la Nación.

El juez se resolvió a presentar su renuncia ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación al ver que el Consejo de la Magistratura luego de casi tres años se disponía a dar tratamiento a su expediente. Su dimisión fue confirmada en el día de ayer por el Boletín Oficial y se hará efectiva a partir del 31 de julio próximo.

El año pasado la Corte Suprema ya había penalizado a Sánchez con el 10% de su sueldo en atención a los reclamos presentados por las dos juezas que con él integran la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Además lo habían apartado de varios expedientes que se encontraban frenados por sus constantes licencias, varias de ellas no autorizadas según el máximo tribunal.

Durante el 2013, las juezas Brilla de Serrat y Barbieri adoptaron la práctica de certificar todas y cada una de las ausencias de Sánchez. De este modo las juezas pudieron constatar que en muchas de las fechas en las que su colega supuestamente firmaba las sentencias, se encontraba fuera de la ciudad. La falsificación de las fechas por parte de Sánchez se habría vuelto una práctica sistemática a fin de disimular sus constantes ausencias al tribunal.

Ante la negativa de su colega para presentarse a firmar las sentencias, y para evitar un retraso excesivo de las causas, las juezas Brilla de Serrat y Barbieri tuvieron que comenzar a emitir las sentencias de la Sala prescindiendo de su voto. A raíz de ello, Sánchez formuló una denuncia contra las juezas, pidiendo que se declararan nulas todas las resoluciones que no llevaban su firma. No sólo la Corte confirmó la validez de esas sentencias, sino que además a partir de 2012 comenzó a rechazar sus pedidos de licencias “académicas”. La solución provocó la indignación del juez Sánchez, quien criticó a la Corte por “sus arbitrarias y erróneas conclusiones”.

Las magistradas también denunciaron los maltratos que hace tiempo recibían de parte de su colega masculino. En notas dirigidas a Brilla de Serrat o a la secretaria de la Cámara el juez había escrito en negrita: “a la putativa presidenta de la Sala D” incluyendo dibujos de brujas junto a la frase: “que las hay las hay”.

Sánchez denostaba también al camarista Claudio Feijoo –conocido por el apodo de “Pájaro”- a través de la inclusión de tres imágenes de aves seguidas de le leyenda “Buitres, caranchos y otros bicho”. En escrito, destinó un apartado exclusivamente a injuriar a los jueces de la Sala B diciendo, entre otras cosas, que las seis carillas que conformaron aquella recusación “fueron dictadas por el feo graznido de un buitre, de un carancho, de algún otro pajarraco o pajaruco, o pajarote, o pajarón, alimentados de carroña”.

El reciente dictamen acusatorio del Consejo de la Magistratura, elaborado por el consejero Mario Fera, recomendaba disponer la apertura del juicio político a Sánchez y desestimar las denuncias contra sus colegas de la Sala D. Pero con un historial tan complicado, el juez civil prefirió evitar el juicio y dejar su cargo, resultado que de un modo u otro hubiese llegado.