Un informe presentado horas antes de cumplirse siete años de la desaparición del testigo Jorge Julio López, indica que más de cinco millones de llamadas telefónicas surgidas de diecisiete líneas de investigación fueron relevadas por la Unidad Fiscal de La Plata.

Así lo indicó el relevamiento que presentó a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad el titular de la Unidad Fiscal de la Plata, Rodolfo Marcelo Molina, donde se detallan principalmente las acciones llevadas adelante desde que le fue encomendada en junio de 2009 la dirección de investigación por la desaparición de López, ocurrida el 18 de septiembre de 2006.

El informe da cuenta del trabajo de la «Comisión Caso López» de la Policía Federal, encargada de examinar todas las pistas obrantes en la causa, tras el apartamiento en 2008 de la policía bonaerense, por la vinculación de algunos de sus integrantes con el ex comisario bonaerense y verdugo de López, Miguel Etchecolatz, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

En ese sentido, indicó el informe, la Policía «comenzó a efectuar las tareas encomendadas por la fiscalía; todo lo cual se visualiza en la sugerencia de nuevas medidas de prueba, sea con el fin de profundizar ciertas hipótesis investigativas, para evacuarlas simplemente, o para concluir con las mismas, desechándolas».

Sin embargo, advirtieron que «si bien la tarea encomendada se está llevando a cabo debidamente por la Policía Federal, la misma resulta poco ágil dado el escaso personal involucrado en este trabajo».

El informe detalló la tarea de traspaso de la información al software de la Policía Federal «en torno a cada sospechado, todo número de abonado telefónico fijo y móvil habilitado a su nombre durante la fecha de desaparición de López -septiembre de 2006-, y toda comunicación entrante y saliente vinculada a su respecto en aquel período; así, en cada hipótesis».

La dependencia platense del Ministerio Público Fiscal reportó las dificultades de reunir la información a raíz de que «las distintas operadoras telefónicas demoraron meses en responder y el representante legal de una compañía celular hasta debió ser intimado y convocado a la oficina de la fiscalía para que cumpliera con el pedido».

La Unidad Fiscal puntualizó también los «numerosos inconvenientes» derivados del apartamiento de la investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en 2011, y su reincorporación en noviembre del año pasado «para realizar sólo las diligencias relacionadas con los entrecruzamientos telefónicos», conformando un total de 5.009.777.

«Se vislumbra que la labor planteada resultará prolongada en el tiempo, precisando de los mayores esfuerzos de esta Unidad, no sólo por la previsión de numerosas reuniones de exploración, sino también, porque a la vez, un análisis exhaustivo genera expectativas reales y concretas de obtener resultados», se señaló.

El organismo agregó que, por fuera de la causa judicial, logró en agosto del año pasado la detención de los funcionarios policiales denunciados por López en los cuatro testimonios judiciales que brindó entre 1999 y 2006, y que algunos lograron la libertad por falta de mérito.

Agregaron además que en la causa hubo «sucesivas presentaciones del condenado Etchecolatz», quien solicitó declarar porque, según dijo, «tenía información y prueba para aportar» aunque a la hora de ser llamado por la justicia se negó a ser trasladado y presentó un escrito con información publicada en medios periodísticos.

Sobre una de las pistas abiertas -en torno a un ex integrante del Ejército cuyos antecedentes están siendo estudiados- sus resultados «aún no se han completado, dado que los envíos de legajos, desde la cartera ministerial y desde el Ejército, se efectúan de manera esporádica».

En ese sentido, la Unidad Fiscal refirió que «no ha podido acelerar la tarea pese a los insistentes reclamos» porque sobre todo ha quedado «a merced de los tiempos que la mencionada institución castrense (el Ejército) imprime, con la preocupación que esto entraña». 

El informe da cuenta también del recorrido judicial de la causa sobre la desaparición forzada de López -reconocida recién como tal en 2009- y que se inició ante la justicia provincial de La Plata con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción 3 del Departamento Judicial de La Plata.

Según el informe, la causa en la justicia provincial cuenta con cuatro cuerpos principales y cuarenta anexos, en tanto la investigación federal se compone de 42 cuerpos principales a los que se le agregan 57 legajos en los que «se persigue una hipótesis investigativa autónoma en cada uno de ellos», más 64 anexos.

La causa judicial por la desaparición de López se encuentra actualmente en manos del juez federal Manuel Blanco, tras el apartamiento de su par Arnaldo Corazza.