Mientras tanto, el Gobierno nacional tiene preparado el anteproyecto de ley que llevará al Congreso para imponer un marco de regulación en todos los distritos federales sobre la disposición final de los residuos sólidos generados en cada una de las provincias. La iniciativa deja claro la prohibición de trasladar de un distrito a otro la basura. En la práctica, el mayor perjudicado será el gobierno porteño de Mauricio Macri, sin lugares a cielo abierto que pueda contener la disposición final de la basura domiciliaria que generan los porteños. La discusión por la basura viene de larga data. Sin embargo, en los últimos meses, desde el gobierno bonaerense le reclamaron con más ímpetu al Ejecutivo porteño que cumpla con la Ley de Basura Cero, la cual establece la reducción progresiva de la cantidad de residuos destinados a rellenos sanitarios hasta llegar a su eliminación total. El gobernador provincial, Daniel Scioli, reiteró ese pedido en su discurso de apertura de la asamblea legislativa. El secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, ya redactó una resolución en la que prohíbe a la Ciudad continuar arrojando su basura en los terrenos ubicados en el Camino del Buen Ayre, que pertenecen al CEAMSE. Para más confirmaciones, un integrante del directorio del Ceamse –empresa mixta con representantes de la Ciudad, la provincia y los municipios– le confirmó a sus pares porteños la existencia de la resolución, que sería presentada en los próximos días por un representante de la provincia en el organismo, basada en la falta de cumplimiento del contrato –que vencía en marzo del año próximo– en relación a la no reducción de los volúmenes de desperdicios. De las 17.000 toneladas diarias de residuos que llegan a esos basurales, 6.000 provienen de la Ciudad. El resto llega de distintos puntos del conurbano bonaerense. Desde el Gobierno porteño aseguran que la Ciudad no tiene ninguna posibilidad de tirar la basura dentro del territorio porteño. “Sería un verdadero desastre”, advirtió un funcionario de la administración macrista, al tiempo que el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, manifestó que no tiene conocimiento de la existencia de la resolución y sostuvo que es “imposible” que le prohíban a la Ciudad arrojar la basura en los predios del Ceamse, ya que la administración macrista tiene el 50% de las acciones de esa sociedad, mientras que la mitad restante está en manos de la provincia y los municipios. Por lo pronto, la Ciudad hará valer ese 50% para bloquear la resolución en marcha.