Pese a la presencia de un juez y de la Policía Metropolitana, un grupo de delegados se niega a dejar el lugar y el fiscal volvió a pedir el accionar de la fuerza pública. En medio de las negociaciones entre los delegados y el juez que entiende en la causa, comenzó este jueves por la mañana el censo en la toma del predio en Villa Lugano, que ya lleva casi tres días. Algunos de los ocupantes decidieron abandonar el lugar, pero muchos se niegan a irse y, poco a poco, crece la tensión de cara a un posible desalojo por la fuerza. Esa situación podría darse hoy por la mañana. El fiscal de cámara Gabriel Unrein explicó que el juez extendió el plazo para abandonar el predio luego de lo cual, las autoridades se retirarán del lugar y darán por «incumplido» el acuerdo. A partir de las 8:55 hs., comenzaron a salir los primeros ocupantes del predio tomado el martes último, informó la agencia Télam. Tras ser censados por agentes de la Policía Metopolitana y de la Defensoría General de la Ciudad e incluidos en un listado para el futuro plan de viviendas acordado con las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, los ocupantes, en su mayoría mujeres y niños, se retiraban en forma pacífica. Sin embargo, los que abandonaron el predio son pocos en relación con los que permanecen allí y endurecieron su postura. «La gente ya está construyendo algunas viviendas precarias. La propuesta del juez no fue aceptada. No hubo ningún acuerdo, sólo hubo propuestas», expresó ante los medios, uno de los referentes.»Yo le comenté a la gente la propuesta que hizo el juez y la gente no la aceptó». La fiscalía reiterará el pedido de desalojo y quedará en manos del juez penal y contravencional de la Ciudad, Gabriel Vega la decisión de pedir un allanamiento, el desalojo y la restitución del predio, tal como lo pidió la fiscalía, o adopta otra determinaciónAdemás el juez Vega deberá definir qué fuerza será la encargada de llevar adelante el acto judicial, si la Policía Federal, la Metropolitana o Gendarmería, teniendo en cuenta que el lugar es propiedad de la primera de las fuerzas.Durante la jornada la mayoría de los ocupantes  decidieron desconocer el acuerdo al que se había arribado con autoridades judiciales y porteñas, para continuar con la toma. Así lo indicó, un vocero de los ocupantes, quien dijo que «la mayoría de la gente decidió quedarse porque empezó a construir sus viviendas y lo que presentó el juez son promesas que no saben cuándo se van a hacer».»Yo no me voy a resistir, pero voy a permanecer con mi señora embarazada y mi nena de dos años para ver cómo van a hacer para desalojarme», expresó el hombre, que es quien vuelca las posiciones de los ocupantes ante la prensa.Minutos antes, el juez contravencional Gabriel Vega, cara a cara con los ocupantes en una oficina de la calle Tacuarí, les había pedido que abandonen el lugar y que respeten el acuerdo alcanzado.Más temprano, el propio vocero  había deslizado que la gente quería que el acuerdo sea rubricado con las firmas del juez Vega y la ministra de Desarrollo Social porteña, Carolina Stanley, condición que se cumplió, sin una respuesta positiva por parte de los ocupantes.En tanto, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, señaló que en la administración de Mauricio Macri están «confiados» en que se cumpla el acuerdo para liberar las tierras usurpadas y ratificó que el proceso de urbanización en la zona «está en marcha».Si bien el predio tenía que empezar a ser urbanizado desde el 2005, por intermedio de una ley que promulgó la Legislatura porteña, aún no se inició ese proyecto.Rodríguez Larreta confirmó que el proceso de urbanización en la zona «está en marcha», pero aclaró que antes se deben realizar tareas de «limpieza» en el terreno se encuentra contaminado.Asimismo, agregó que el Gobierno de la ciudad se hizo cargo del predio, el cual «se fue liberando una zona del terreno de autos para poder avanzar en un plan de viviendas.Estamos presentando al juzgado un plan para remediar terreno y limpiarlo de la contaminación, con lo cual recién después se puede construir», continuó y lamentó que «en medio de este proceso se produjo la toma».Fuentes judiciales indicaron que el proceso que se está llevando a cabo en el lugar «tiene mucho de político en el medio», y por ese motivo reconocieron que «está difícil».Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación se indicó que en la toma se tramitan dos causas, la primera de índole contravencional, que lleva el fiscal Carlos Gorlero, por usurpación de un terreno, propiedad del gobierno porteño.La otra es contenciosa administrativa, ya que los vecinos demandan al gobierno de Mauricio Macri por el no cumplimiento de la ley 1770 de urbanización de la villa.