El plan por $275 millones de dólares para prestaciones integrales digitales, que fue adjudicado a la empresa PRIMA SA (del Grupo Clarín), sólo permite que se lleven las portátiles a sus casas los alumnos cuyos tutores extranjeros tienen, al menos, el trámite de ciudadanía precaria en curso.En tanto, el plan «Conectar Igualdad» de Nación exige lo mismo, pero ofrece dos alternativas si esto no fuera posible. Una, que los padres o tutores presenten documentación de su país de origen. Y si esto tampoco es factible, acciona un «Plan C»: el director del colegio se responsabiliza por la máquina hasta que los adultos regularicen su situación.Al respecto, el jefe de Gabinete del Ministerio de Educación porteño, Diego Fernández, manifestó: «Usemos el sentido común: cuando el chico se va, quienes se deben hacer cargo son sus padres. Si un director quiere, está en libertad de hacerlo. Pero nadie puede obligarlo».El mismo jefe de Gobierno, Mauricio Macri, confirmó la decisión y dijo que los alumnos extranjeros «tienen que estar identificados» en un diálogo con estudiantes de periodismo en la Universidad de Palermo.El Gobierno fue muy claro con los directivos de la Escuela Nº 2 del Distrito Escolar 20, en la Comuna 8: los chicos que no presenten la documentación requerida podrán trabajar con las netbooks en la escuela, pero, a diferencia de sus compañeros, no podrán llevárselas a sus casas. Son alumnos nacidos en países latinoamericanos que carecen de documentos argentinos.Por su parte, la Defensoría de Pueblo de la Ciudad tomó intervención a partir de una denuncia y está a la firma de la titular del organismo, Alicia Pierini, una resolución. Es evidente que la norma atenta contra los derechos del niño y fomenta la desigualdad entre ellos.