El Ministerio Público Fiscal y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) firmaron en las últimas horas un convenio para promover y fortalecer lazos de cooperación, con el fin de desarrollar programas de trabajo y actividades conjuntas para el mejoramiento de las capacidades de investigación y persecución de los delitos de trata de persona.

El mismo pone especial interés en todo lo referente a la producción de información y al desarrollo de programas de fortalecimiento institucional. De esta manera, ambas instituciones procurarán dar cumplimiento al objeto del acuerdo mediante la realización conjunta de conferencias, seminarios, talleres y otros encuentros o eventos sobre los temas que son propios y afines, que abran espacios para la discusión y el intercambio de experiencias.

También buscan la celebración de consultas sobre los planes de acción de cada una de las organizaciones y sobre otros asuntos que puedan ser de mutuo interés con el propósito de coordinar actividades y lograr sus objetivos. Así como también el intercambio regular de información incluyendo material bibliográfico, resultados estadísticos, jurisprudencia y otros que resulten de mutuo interés; y la realización conjunto de estudios y proyectos de investigación en temas de interés común, entre varios aspectos.

Además, se presentó el Proyecto «Lucha contra la Trata, la explotación sexual comercial de niños, niñas y jóvenes en Argentina y Paraguay», financiado por la Unión Europea.

El acuerdo compromete a ambas partes al asesoramiento permanente en el diseño, implementación de programas de investigación y persecución penal de la trata de personas, un delito que afecta tanto a Argentina, donde han crecido las redes de trata, como a Paraguay, de donde proceden muchas de las víctimas.

El convenio se enmarca en el proyecto Abrepuertas, que financia la Unión Europea y coordina el Instituto, con el objetivo de contribuir a la prevención y la erradicación de la trata y la explotación de niños y adolescentes en los dos países suramericanos.

En 2008 se aprobó una ley contra la trata de personas, que prevé penas que van de tres a quince años de prisión y, según datos oficiales, unas 700 personas fueron recuperadas desde que la norma entró en vigencia.