Declaraciones de Carolina Scotto:

«La grave crisis institucional desatada por las denuncias periodísticas y las investigaciones judiciales que involucran a los máximos responsables de Drogas Peligrosas de la Policía provincial finalmente ocasionó las renuncias del Ministro de Seguridad y del Jefe de Policía. El gobierno provincial se ve forzado a desandar su estrategia de minimizar los hechos, respaldar a los máximos funcionarios responsables del área, cuestionar la actuación de la justicia federal, descalificar las investigaciones periodísticas, desoír el reclamo de todas las fuerzas políticas opositoras e intentar instalar la existencia de una operación política carente de todo fundamento.

 Ninguna de estas actitudes estuvieron a la altura de la gravedad de las cuestiones investigadas, ninguna de ellas tuvo el respaldo o la razonabilidad que las justificara, ninguna produjo el efecto deseado. Funcionarios policiales detenidos e imputados de graves delitos, uno de ellos muerto en circunstancias que deberán aclararse debidamente, múltiples denuncias hechas sobre procedimientos poco claros, la intervención habitual de informantes irregulares, son apenas una muestra del costo de no haber mantenido el control civil y estratégico de las fuerzas policiales bajo la órbita de la conducción política del gobierno. La libertad de prensa, la independencia de la justicia, y el adecuado funcionamiento de las instituciones y en especial, de los funcionarios a cargo de las políticas de seguridad, se convirtió finalmente en un generalizado reclamo de todos los sectores de la comunidad y de un amplio espectro de fuerzas políticas de la provincia. 

  Seguramente el gobierno provincial espera que con esta reacción tardía se detengan los efectos de una creciente pérdida de confianza en las fuerzas de seguridad y de las autoridades políticas responsables de su conducción. Es, en cambio, una oportunidad para intentar resolver responsablemente la conducción de una política de seguridad con funcionarios honestos y profesionales. Y para que los ciudadanos recuperen la confianza perdida en la división de poderes y en el adecuado funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Esto dependerá en gran medida de los avances en la investigación judicial para el completo esclarecimiento de estas redes de corrupción. Y dependerá también, y sobre todo, de las actitudes que el gobierno provincial asuma frente a los cordobeses, encarando con sentido de responsabilidad y respeto por las instituciones democráticas, la resolución de todos los problemas que hace tiempo ha dejado de intentar resolver, detrás de la consigna de supuestas agresiones externas, detrás de la vergonzosa bandera del cordobesismo que ya no alcanza a cubrirle los pies».