Laura Musa afirmó que “no sólo faltan vacantes, sino que las políticas estatales brindan respuesta diferencial según las condiciones socioeconómicas,  violentando los principios de igualdad y de no-discriminación” y cuyo resultado es “ Más asistencialismo y menos educación para los sectores pobres.

El informe sobre “Derecho a la Educación y Derecho al Cuidado: Políticas Públicas para la Primera Infancia en la Ciudad de Buenos Aires”, intentará instalar en la agenda pública: la temática del cuidado y la educación de la primera infancia como obligación estatal desde la perspectiva de derechos de los niños y niñas y del grupo familiar.

“La experiencia del trabajo cotidiano nos enfrenta a una realidad signada no sólo por la insuficiencia de vacantes para cubrir la demanda sino también por el carácter fragmentario de un sistema que brinda respuestas diferenciales según las condiciones socioeconómicas de los niños y las niñas, vulnerando su derecho a la educación y violentando los principios de igualdad y de no-discriminación”, señaló la asesora General Tutelar, Laura Musa.

Y agregó: “En el marco de una sociedad caracterizada por la persistente desigualdad económica y social, la situación de las personas al nacer sigue determinando de un modo importante, la ruta futura de sus vidas. Las oportunidades que se brindan o restringen a los niños y niñas en sus primeros años de vida son fundamentales para garantizar su desarrollo como personas, como ciudadanos y como actores económicos”.

Este documento de trabajo fue elaborado por miembros de las oficinas descentralizadas que la Asesoría General Tutelar posee en Soldati, Nueva Pompeya, Mataderos y Liniers, además del aporte del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP). 

En el trabajo se señalan “Un marcado defasaje entre la oferta y la demanda de vacantes en el nivel inicial con un nivel significativo de vacantes insatisfechas en establecimientos de nivel inicial de gestión estatal que alcanza a un poco más del 10% de la matrícula existente en este sector; una distribución de la demanda insatisfecha dispar por cada distrito escolar; es decir, espacialmente distribuida de manera inequitativa; y cierto tratamiento discriminatorio de los déficits de cobertura de la educación del nivel inicial en la zona sur de la Ciudad; en tanto, se priorizan acciones en el campo asistencial y se ofrece allí una oferta específica de tipo asistencial para los niños y las niñas de hogares en estado de vulnerabilidad social como los Centros de Primera Infancia (CPI)”.

El trabajo también refleja que los distritos escolares con mayor nivel de demanda insatisfecha en el nivel inicial son los 6, 8, 19, 20 y 21 (zona sur de la Ciudad), y que en paralelo, es en la misma zona donde se concentran mayoritariamente los CPI.

“Los componentes pedagógicos del diseño original de los CPI presentan problemas severos para su implementación. Un obstáculo presumible – a partir de la experiencia en programas similares (DeDIs, CAFs) – es la dificultad para incorporar y retener a personal docente especializado. Esto se debe – entre otros motivos – a que en el marco de los CPI, los docentes se encuentran fuera de su estatuto, por lo cual ni el nivel de remuneración ni la estabilidad ni el reconocimiento para sus carreras en estas instituciones es equivalente al del resto de las instituciones escolares. Esto da como resultado una elevada rotación, justamente allí donde las referencias estables son más necesarias”, señalan desde la Asesoría Tutelar porteña.