«La reunión fue respetuosa pero absolutamente insatisfactoria, la posición del gobierno porteño es que mientras siga la toma no negocia y lo que no se entiende es que no se trata de una posición extorsiva de la gente, que ante la falta de garantías y promesas largamente incumplidas se aferra a lo único que tiene», señaló Duacastella.

El defensor oficial subrayó que la posición «más dura» fue la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que «la secretaria de Hábitat (e Inclusión social, Marina Klemensiewiecz) habló de un negocio inmobiliario detrás de esto, situación que a la Defensoría no le consta».

«Esa posición implica, a mi juicio, una estigmatización de la gente que está en la toma, que no tiene armas ni está especulando», apuntó.

La audiencia fue convocada por la jueza Elena Liberatori y solicitada por la defensora Oficial Cecilia González de los Santos, con el objetivo de que las partes tomen conocimiento de la propuesta elaborada por los vecinos -que desde el lunes 24 de febrero toman el predio de Francisco Fernández de la Cruz y Pola- en conjunto con la Asesoría General Tutelar y la Defensoría del Pueblo.

Del encuentro, que se enmarca en la causa iniciada en 2005 contra el gobierno porteño por el incumplimiento de ley 1.770- participaron también la ministra de Desarrollo Social de la ciudad, Carolina Stanley; la asesora tutelar, Norma Sas; el defensor del pueblo, Alejandro Amor; juntas vecinales, comunales y legisladores.

Duacastella fue quien llevó la propuesta de los vecinos del barrio, que consistió en «exigir el cumplimiento» de la mencionada ley, que tiene que ver con el «saneamiento de tierras y la construcción de viviendas».

«También pedimos que comiencen por sanear el sector que hoy tiene ocupado la Policía Federal, que da a Escalada y Cruz y que es el más grande, ya que ocupa seis de las diez hectáreas», precisó el defensor y agregó que «como garantía permenecerían las familias en el terreno hasta que el sector estuviera construido».

Duacastella apuntó que esa propuesta fue rechazada por el procurador Julio Conte Grand, quien dijo que la condición era la desocupación del terreno y que este viernes presentaría a la jueza Liberatori un plan de saneamiento, y el próximo viernes 14 un plan de construcción para la villa.

Conte Grand se comprometió además a aceptar la presentación por parte de la defensoría oficial y la Asesoría Tutelar de un listado de personas que desocuparon o desocuparían pacíficamente el predio y a contratar para las obras del plan de urbanización a los habitantes de la villa que «estén en condiciones y dispongan de capacidades para realizar dichas tareas».

«Vamos a esperar esas presentaciones, la jueza no quiso fijar nueva fecha de reunión hasta que no estuvieran; pero nos vamos insatisfechos», expresó el defensor oficial.

Por su parte, Luciana Bercobich, abogada de Víctor Núñez, presidente de la villa 20, consideró que la audiencia fue «muy participativa» pero que «no resuelve el tema de la toma».

«La propuesta que hizo el gobierno de la Ciudad no soluciona el conflicto de la toma, y si no se soluciona la toma nada de esto se puede cumplir», dijo la integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij).

Con respecto al pedido de desalojo, Duacastella recordó que «aún está pendiente la resolución de la Cámara (de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires)» y precisó que la Sala 3 dispuso otorgar al fiscal y al defensor de Cámara 48 horas para emitir dictamen sobre la apelación vigente.

«Tenemos hasta el viernes para emitir dictámenes respecto de la apelación, luego la Cámara puede resolver inmediatamente o tomarse unos días», detalló.

En tanto, la jueza en lo penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela López Iñiguez, remarcó que la usurpación es «un delito» y reiteró la orden de desalojo del predio ocupado, aunque reconoció que la medida deberá cumplirse luego de que la  Cámara se expida.