La denuncia por «privatización del acceso a las vacunas contra el coronavirus» se presentó el pasado martes y fue realizada por la abogada Natalia Salvo que considero que el plan de vacunación de la ciudad “era una estafa a la ciudadanía y al Estado Nacional”.
Además del jefe de gobierno porteño, la demanda también apunta contra el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, debido a «los contratos con prepagas y obras sociales». La abogada laboralista, en el marco de una entrevista radial con El Destape Radio, que «el Gobierno de la Ciudad que informe a quién le dio las vacunas que recibió del Gobierno nacional».
Salvo recordó que «hay una ley nacional donde tiene que quedar constancia a quién se le aplica la vacuna» y señaló que el plan de vacunación que está llevando adelante la ciudad de Buenos Aires no están respetando los protocolos correspondientes; «Las prioridades en la vacunación no pueden ser caprichosas, arbitrarias ni infundadas, sino que hay una resolución del Ministerio de Salud de la Nación que establece el criterio y son para los que están más expuestos y no puede haber convenios con prepagas y obras sociales porque así se está privatizando el acceso a la vacuna», aseveró.
Para finalizar, la abogada apuntó que mientras que la provincia de Buenos Aires ya casi terminó el proceso de inmunización de todo el personal de salud de primera línea; “en la ciudad hay muchos médicos y enfermeras con un alto riesgo de contagio que todavía no están vacunados”. En efecto, «de prosperar la causa contra los mandatarios porteños Larreta y Quiros podrían afrontar una pena que va desde 6 meses a 2 años», estimó Salvo.
