El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó ilegalmente a una familia en la Villa 31, sin orden judicial y con un uso desproporcionado de la fuerza policial.

Este procedimiento sostenido en un mero acto administrativo del Gobierno de la Ciudad firmado por el mismo Jefe de Gobierno, no tuvo en cuenta el recurso presentado por la familia pendiente de resolución y fue acompañado por el uso desmedido de las fuerzas de seguridad.

El accionar no contó con la intervención de la justicia, ni organismos públicos de la defensa sentando un precedente gravísimo para el conjunto de las familias afectadas por el proceso de Urbanización y las deja en una situación de extrema precariedad frente a las planes de relocalización del Gobierno macrista.

Asimismo, este desalojo se da en el marco del conflicto por los despidos de las 10 trabajadoras de la Secretaría de Integración Social y Urbana, quienes vienen denunciando el avasallamiento de los derechos de lxs vecinxs del barrio por el avance de la política de Urbanización.

Una vez más, el Gobierno viola la ley 3343 que regula el proceso de Urbanización de la 31 y apela a las fuerzas de seguridad para sostener su accionar ilegal.