Se trata de acompañamiento psicológico, de traslados y hospedajes para los testigos y querellantes de los delitos de lesa humanidad.
La Cámara de 2ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó la sentencia de primera instancia que obliga al Jefe de Gobierno de la Ciudad a reglamentar en 20 días la ley 2939 de “Protección de testigos”. Se busca cumplir con el objeto de la norma por cuanto la Ciudad garantiza “asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos resultantes de la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
Demian Konfino, abogado del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad le dijo a El Mensajero Diario: “la ley brinda un acompañamiento psicológico, traslados y hospedajes. En el 2008 se sancionó y debía cumplirse en el transcurso de los 60 días. En la cantidad de juicios que se vienen llevando a cabo en la ESMA, el Olímpico, el Atlético no hubo ningún testigo o querellante que haya sido acompañado en este proceso tan doloroso, que es declarar por hechos tan mortificantes; con el agravante de lo que pasó con algunos testigos que tuvieron consecuencias muy dolorosas como Julio López o Silvia Suppo. En el caso de la ley que se sancionó en la Ciudad de Buenos Aires, al no ser reglamentada, no se sabe cuál es el organismo que la llevó a cabo y no se sabe quién es el que tiene que hacer este acompañamiento, no hay equipos interdisciplinarios que se ocupen de eso. Implicaría una especie de veto encubierto: está vigente pero no se aplica.”
Por otra parte, Camilo Juárez militante de H.I.J.O.S., testigo y querellante en la megacausa ESMA también habló con El Mensajero Diario: “hay muchos testigos que sí necesitan esta ley, por algo se votó con amplia mayoría, incluso los legisladores del Pro la votaron. Se pide una atención psicológica porque es una situación de mucho estrés declarar en un juicio con la cantidad de crímenes que ocurrieron en este país. Parece lamentable que por ahorrarse algunos manguitos que después lo gastan en globos no se llegue a cumplir esta ley. No es algo inviable o utópico es algo concreto que se puede cumplir. Atender a los testigos que sufren mucho las consecuencias, tanto el tiempo que vas y declarás, como los días posteriores” explicó.
En el fallo del 26 de junio de 2013 la Cámara de 2da. Instancia ratifica la sentencia de primera instancia, interpretando que “el artículo 8º de la ley 2939 no ha sido cumplido por parte del Poder Ejecutivo y por ende, se verifica un supuesto de omisión ilegítima. El plazo fijado por la referida norma para la reglamentación expiró el 31 de marzo de 2009″, agregando que “no resulta coherente que la Administración, luego de alegar y fundar el carácter operativo de la ley, pretenda justificar el incumplimiento de uno de sus artículos. O dicho en otros términos, que el GCBA invoque la aplicación inmediata de la ley dada su naturaleza operativa, al tiempo que omite ilegítimamente acatar el deber impuesto en una de sus normas. El fallo, firmado por los doctores Corti y Zuleta, ratifica el plazo de 20 días para la reglamentación impuesto por el Juez Cataldo. “Se fueron pasando la bola entre diferentes organismos de la Ciudad. Nosotros antes de llegar a la justicia hicimos diferentes tratativas interadministrativa y no se pusieron de acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad de quién tenía que tocar el tema. Ya pasaron 5 años y estamos en un proceso histórico en Latinoamérica en el cual se están juzgando a los genocidas, y la Ciudad de Buenos Aires mira para otro lado. Tuvimos que ir en el año 2011, a partir del silencio de la administración, a pedirle a un juez que ordene al Gobierno de la Ciudad a cumplir con la reglamentación. Es bastante novedoso porque si bien la Constitución de la Ciudad lo dice claramente que el amparo sirve para actos u omisiones, es decir, que la administración en este caso el gobierno de Macri no reglamenta una ley que está alterando algún derecho se le puede pedir por vía de amparo que cese esa falta. Eso fue lo que hicimos y tuvimos sentencia a favor en 1era instancia y ahora fue confirmado por la Cámara ordenándole al Gobierno de la Ciudad que reglamente la ley” amplía Konfino.
Finalmente, en cuanto al motivo por el cual el Gobierno de la Ciudad no cumple con esta ley, Jiménez dice: “No se cumple por una cuestión de ideológica fascista que tiene este tipo y que lleva a los extremos de hacer las cosas por suma necedad y maldad. El costo de aplicar esta ley es irrisorio al lado de lo que gasta en globos como dije anteriormente. Hay un motivo: no le importa la integridad de los testigos de los juicios de lesa humanidad”.
