La descripción surge del informe de situación que acompañó la carta escrita por el premio Nobel de la Paz y fundador del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Adolfo Pérez Esquivel, dirigida al Gobernador Juan Manuel Urtubey ante la situación de violencia que están sufriendo comunidades del norte por parte de empresarios que han sido conminados a no desmontar.

Al respecto Mazzone dijo que “Urtubey nunca hizo ni hará nada para evitar esta atrocidad porque él mismo es quien de manera encubierta aprueba este accionar mafioso y amenazante de los apropiadores”.

» Varias familias criollas iniciaron juicios por posesión veinteñal, pero gracias a la anuencia del Gobernador y de la justicia de Salta todas fueron rechazadas y todos los procesos de desalojo iniciados por los empresarios tuvieron curso favorable” dijo la Diputada.

La responsable judicial de esta situación es Ana María De Feudis De Lucia, magistrada de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Tartagal, que suele ir a los puestos criollos con el abogado de las empresas, Víctor Hugo Belmont, ex diputado, a quien se lo señala como el principal promotor de las amenazas e intimidaciones hacia los pobladores.

La representante parlamentaria también denunció que “a los pobladores más reaccionarios que se negaban a abandonar sus tierras se les armaron causas penales y administrativas para tratar de intimidarlos al máximo”.

El reclamo presentado por Pérez Esquivel refiere también a las operatorias que se están realizando en el norte con integrantes de las comunidades, quienes son amenazados por empresarios para que firmen distintos acuerdos a fin que caiga una medida cautelar y un amparo que les prohíbe desmontar.

Finalmente Mazzone explicó que va a trabajar desde la Cámara de Diputados “para tratar de frenar este accionar que está exterminando silenciosamente a las comunidades más humildes de la provincia”.