La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que, a través de sus áreas operativas, se logró desarticular a una ruta del contrabando de indumentaria, evasión tributaria, fraude marcario y trata de personas que comenzaba en la frontera con Bolivia y se extendía hasta la ciudad de Córdoba.

A partir de los procedimientos se detuvo a dos personas que eran titulares de los depósitos y los responsables de someter a los trabajadores a condiciones trabajo forzoso.

Las tareas de investigación y seguimiento, desarrollas por los funcionarios de la Aduana, comenzaron en Orán (Salta), ubicada a 30 kilómetros de la frontera con Bolivia y culminaron en la capital cordobesa.

A partir de una solicitud de los funcionarios de la Aduana, se realizaron allanamientos en la localidad de San Francisco, Córdoba, en donde se secuestraron 113 bultos de mercadería sin documentación respaldatoria y con marcas falsificadas por un valor de 1.200.000 pesos. Los procedimientos culminaron con las detenciones de los responsables.

En los operativos participaron también funcionarios de la Dirección General Impositiva y de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social.

Según detalló la AFIP, de la inspección realizada sobre locales comerciales de la zona, entre los que encontraban dos cuyos propietarios están inscriptos como contribuyentes del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes, surge que se habrían omitido ventas por más de $1,5 millones.

El organismo aseguró que los trabajadores eran reclutados en Bolivia con la falsa promesa de un empleo digno. Durante los procedimientos, los funcionarios de la AFIP comprobaron que cumplían tareas de limpieza, atención al público y depósito de mercaderías, todo en un marco de pésimas condiciones de salubridad, hacinados en ambientes diminutos ubicados en el propio lugar de trabajo y recibiendo ínfimas sumas de dinero en concepto de salario.

Según el Artículo 2º de la Ley sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas Y Asistencia a sus Víctimas (Ley 26.364) considera la trata de personas al ofrecimiento, captación, traslado y recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, previéndose sanciones de 4 a 15 años de prisión.

Los allanamientos fueron autorizados por el Juez Federal Dr. Mario Eugenio Garzón, a quien se dio intervención sobre lo actuado.