La Comisión de Legislación Penal de Diputados no discutió ayer los proyectos contra la criminalización de la protesta social ni las iniciativas que prevén una amnistía integral a los ambientalistas de Entre Ríos.

Asistieron Fernanda Gil Lozano (CC), Horacio Alcuaz(GEN), Oscar Albrieu (FpV) y el presidente Juan Carlos Vega (CC). Sólo cuatro diputados miembros de la Comisión. También asistieron los entrerrianos Gustavo Cusinato (UCR), Cristina Cremer de Busti (Peronismo Federal) y Atilio Benedetti (UCR), con el objetivo de explicar el proyecto de amnistía para los ambientalistas que lucharon contra la pastera Botnia y ahora están procesados.

En la tarde de ayer se iban a tratar dos proyectos contra la criminalización de la protesta social pero la Comisión, encabezada por el diputado Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), no pudo poner en discusión las iniciativas presentadas por Horacio Alcuaz (GEN) y Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro), por la falta de quórum.

El proyecto de Alcuaz, acompañado por miembros de Proyecto Sur, Libres del Sur, Coalición Cívica, UCR, tiene por finalidad “garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización”.

En tanto, propone que se extinga la pena y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo de reivindicación social, económica, política, etc.

Asimismo la ley alcanza a las “acciones efectuadas para lograr la suspensión o paralización de desalojos de personas, familias o trabajadores ocupados o desocupados”.

Según los fundamentos del diputado del GEN, la criminalización de la protesta social constituye una “práctica que se ha arraigado en el accionar diario de algunos magistrados y fiscales que han propiciado la intervención de las fuerzas de seguridad y han sujeto a proceso a ciudadanos en ejercicio de su legítimo derecho de peticionar ante las autoridades”.

Junto a sus compañeros del bloque GEN, Alcuaz adhirió al repudio al “brutal operativo policial” y culpó al gobierno nacional y provincial porque “mientras se reproducen las desigualdades, nos encontramos con la represión de la protesta como única respuesta estatal”.

Por su parte, el texto del diputado Ariel Basteiro declara extinguidas la acción penal y la pena respecto de los hechos realizados con finalidad de reivindicación social, económica, política, u otras invocaciones conexas, a partir del 1 de febrero de 1991 hasta el presente.

Asimismo, el legislador de Nuevo Encuentro menciona que las “acciones efectuadas para la suspensión o paralización de desalojos de vivienda familiar única” también quedan incluidas en esta ley contra la criminalización de la protesta, otra analogía con el panorama que vive la provincia gobernada por Walter Barrionuevo.