El jefe de Gobierno Mauricio Macri vetó mediante el decreto 12/14 un proyecto de ley aprobado por la Legislatura porteña e impulsado por la ex diputada María José Lubertino para sustituir el inciso 9° del artículo 7º de la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, a través del cual se propicia la aplicación a la materia del principio de sustentabilidad.
Mediante la iniciativa se incorporaba como uno de los principios generales que rigen las compras y contrataciones, el de sustentabilidad (inciso 9°), estableciendo la promoción gradual y progresiva de criterios ambientales, éticos, sociales y económicos en las contrataciones públicas, y facultando al órgano rector del sistema a recomendar criterios específicos y/o generales de sustentabilidad.
Según el decreto, «la Dirección General de Compras y Contrataciones informó que la modificación introducida por la Ley Nº 4.764 encuentra fundamento en el principio de ‘Compras Públicas Sustentables’, surgido a partir de la Cumbre de Johannesburgo en el año 2002, que comprende la valoración de ofertas considerando no sólo los beneficios económicos y sociales de las mismas, sino también la minimización de su impacto ambiental, resultando así una previsión más amplia, completa, precisa y actualizada que la contenida en el proyecto de ley en estudio».
Asimismo, sostiene que «se debe evaluar que la previsión incluida respecto del deber de considerar la máxima categoría de eficiencia energética disponible en cada producto a adquirir, es una norma de imposible cumplimiento, dado que muchos productos que se adquieren en el marco de la Ley 2.095 no cuentan con información en relación a la eficiencia energética, muchos no son aparatos eléctrico – electrónicos y tampoco se conoce en el mercado un análisis sobre el ciclo de vida del producto para poder determinar con certeza cuál es el más eficiente».
Por otra parte, Macri vetó el proyecto de ley 4814 por el cual la Legislatura condonó la deuda en concepto de contribuciones por ABL que mantiene con el Gobierno de la Ciudad la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en liquidación (CASSABA en liquidación), sita en la calle Viamonte 542/48, hasta el 12 de diciembre de 2012.
En los fundamentos del decreto se expresa: «La facultad de condonar deudas en mora constituye una excepción al precepto constitucional contenido en el artículo 51 de la Constitución de la Ciudad, el cual establece que el sistema tributario y las cargas públicas se basan, entre otros, en los principios de igualdad, generalidad, equidad y solidaridad, debiéndose, en cada caso concreto, merituar con suma prudencia las circunstancias fácticas y los requisitos legales, a fin de no vulnerar los principios contenidos en la norma constitucional».
Y agrega: «La mentada condonación de deuda supone una disminución de los recursos del Estado, los que necesariamente deben destinarse a la concreción de políticas públicas que redunden en la satisfacción de las necesidades de la sociedad en su conjunto y del interés público».
