El 15 de diciembre se cumplieron dos años de la entrada en vigencia de la Resolución 943/2023, conocida como “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” o Protocolo Antipiquetes, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.Y los datos asustan.

Según Amnistía Internacional, durante 2024 y 2025, en el marco de implementación del Protocolo Antipiquetes, se registraron al menos 2.557 personas heridas de distinta gravedad como consecuencia del uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza. Entre ellas, personas que recibieron impactos de balas de goma en la cabeza y el rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y violencia física en general.

El Protocolo considera delito cualquier manifestación que afecte la circulación y habilita desalojos y detenciones sin orden judicial. Estas pautas vulneran derechos fundamentales y contradicen los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.

“En estos dos últimos años la escalada represiva de las fuerzas de seguridad es innegable y evidencia un grave retroceso en la libertad de expresión. La violencia estatal no solo aumentó: hoy es naturalizada. Los datos son irrefutables y sus efectos también; su aplicación opera como un mecanismo de intimidación y disciplinamiento destinado a desalentar y silenciar la participación social”, afirmó Paola Garcia Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

Por estos motivos, Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de derechos humanos, integra una acción de amparo que solicita la declaración de inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes . Recientemente, el representante del Ministerio Público Fiscal en la causa cuestionó la falta de fundamentos válidos del gobierno para dictar el protocolo. Amnistía Internacional espera que el enorme caudal de evidencia que obra en la causa –y que se refleja cada miércoles, cuando las personas jubiladas son reprimidas por las fuerzas de seguridad- motorice a la justicia para derribar su constitucionalidad. El poder judicial debe estar a la altura de los compromisos del Estado argentino y establecer que el Protocolo vulnera la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos.

Los datos muestran un incremento exponencial de la represión de un año a otro. En 2025, la Comisión Provincial por la Memoria registró 1.341 personas heridas y al menos 165 personas detenidas. En todo 2024, el mismo organismo había registrado 1.216 personas heridas y 93 personas detenidas durante manifestaciones. Esto implica un aumento del 77% en la cantidad de detenciones, la mayoría de ellas arbitrarias, sin pruebas suficientes y con liberaciones inmediatas.

Se registraron además cuatro casos de impactos de balas de goma en el ojo , que derivaron en pérdidas oculares permanentes. Entre los más graves, el 12 de marzo de 2025 Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo tras recibir un disparo de arma cinética por parte de un agente de la Prefectura Naval durante una marcha de apoyo a jubilados. En noviembre de 2025, Rodrigo Troncoso, de 24 años, denunció la pérdida de su ojo izquierdo como consecuencia de un disparo de bala de goma recibido en esa misma manifestación, en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

La labor periodística y la integridad física de trabajadores y trabajadoras de prensa también se vieron gravemente afectadas. Durante la cobertura de manifestaciones, periodistas enfrentaron restricciones al ejercicio de su trabajo y fueron alcanzados por balas de goma, gases lacrimógenos y agresiones físicas.

Al menos 184 trabajadores y trabajadoras de prensa resultaron lesionados , y otros tantos fueron detenidos de manera arbitraria. Incluso, algunos de ellos han manifestado que debieron aprender a equiparse con protección para su cuerpo, como si fueran cronistas que cubren un escenario de guerra. Estos ataques y la actitud hostil de las fuerzas de seguridad buscan un efecto silenciador punitivo, enviando un mensaje claro a la sociedad: protestar y registrar la protesta tiene consecuencias.

El caso más grave es el del fotógrafo Pablo Grillo , quien cubría las marchas de jubilados. El 12 de marzo de 2025, mientras registraba la represión, recibió un impacto de cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza por parte de las fuerzas de seguridad que le provocó una fractura expuesta de cráneo. Fue internado en estado crítico y continúa en proceso de recuperación, con pronóstico reservado. En el marco de la investigación judicial, a instancias del material que pudo aportar el Mapa de la Policía, se identificó al gendarme que efectuó el disparo y la justicia dispuso su procesamiento.

Frente a la magnitud y gravedad de estos hechos, resulta especialmente preocupante la casi total ausencia de investigaciones internas por parte del Ministerio de Seguridad. Ante pedidos de acceso a la información pública realizados por Amnistía Internacional, el Ministerio informó el inicio de solo dos sumarios administrativos por uso desproporcionado de la fuerza. Uno de ellos, en el ámbito de la Gendarmería Nacional, investigaba los hechos del 12 de marzo de 2025 en las inmediaciones del Congreso. Sin embargo, ese sumario fue posteriormente cerrado sin sanciones disciplinarias, evidenciando su carácter meramente formal.

Diversos órganos y procedimientos especiales de los sistemas internacionales de derechos humanos han manifestado su preocupación por el impacto del Protocolo Antipiquetes sobre la libertad de expresión y reunión pacífica.

El 23 de enero de 2024, tres Relatorías Especiales de Naciones Unidas remitieron una comunicación al gobierno argentino alertando sobre las graves implicancias de la Resolución 943/2023. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también exhortó reiteradamente al Estado argentino a respetar los derechos de reunión y asociación pacífica.

Tras la manifestación del 12 de marzo de 2025, la CIDH volvió a pronunciarse, expresando su preocupación por la violencia desplegada y urgió al Estado argentino a investigar de manera pronta, imparcial y con debida diligencia los posibles excesos en el uso de la fuerza.

El 12 de mayo de 2025, distintas Relatorías de la ONU advirtieron sobre un grave deterioro del espacio cívico en Argentina desde diciembre de 2023, señalando posibles violaciones a los estándares internacionales de derechos humanos en movilizaciones mayoritariamente pacíficas.

Finalmente, el 28 de noviembre de 2025, el Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) expresó su seria preocupación por el Protocolo Antipiquetes y otras normas de uso de la fuerza . Señaló la falta de claridad sobre su activación y límites, denunció lesiones graves causadas por balas de goma, gases y carros hidrantes, y reclamó investigaciones independientes. El Comité instó al Estado argentino a adecuar su normativa a los estándares internacionales.