Sociedad

Encuentro número 139

Se debe a que hoy Abuelas de Plaza de Mayo dio la noticia que esperamos siempre: "¡Encontramos a la nieta 139!"

Esta mañana Abuelas dio a conocer que hay una nueva nieta restituida. Si bien Abuelas vienen denunciando que el gobierno de Milei y Villarruel hace todo lo posible por obstaculizar la búsqueda de los bebés robados, el amor y la verdad pueden más.

Se trata del segundo encuentro en menos de un mes. En esta oportunidad es la nieta: la 139. Los detalles se darán a conocer a las 14 en una conferencia de prensa que se brindará en la Casa por la Identidad en el Espacio Memoria y Derechos Humanos –exESMA.

“¡Encontramos a la #Nieta139!”, celebraron desde la cuenta de X de Abuelas de Plaza de Mayo. “Bienvenida a la verdad”.

Y días atrás, el 27 de diciembre pasado, Estela de Carlotto anunció que habían encontrado al hijo de Marta Pourtalé y Juan Carlos Villamayor, dos militantes de Montoneros desaparecidos.

El sobreviviente Miguel Lauletta declaró haber escuchado a Pourtalé en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se presume se podría haber producido el nacimiento de su bebé. El Nieto 138 tiene un hermano mayor, Diego Villamayor, que vive en España.

Pero en el medio de estas buenas noticias Abuelas de Plaza de Mayo ocurren otro montón de ataquqes a este sector.  El Poder Ejecutivo desmanteló la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada en 1992. A través de un decreto, Milei desarmó la unidad especial de investigación que funcionaba a su interior y le impidió al organismo tener acceso a los archivos en manos del Poder Ejecutivo que pudieran contribuir al hallazgo de los niños y las niñas apropiados durante la dictadura.

Además, el Gobierno ha desfinanciado al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), creado durante la presidencia de Raúl Alfonsín y pieza fundamental para realizar los análisis para determinar que una persona es hija de desaparecidos. Abuelas debió encabezar una campaña para que el BNDG quedara por fuera de los organismos que podían ser eliminados a tiro de decreto por el Presidente gracias a la llamada Ley Bases.

En noviembre, los organismos de derechos humanos lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizara una audiencia para revisar los retrocesos en materia de Memoria, Verdad y Justicia durante la administración de La Libertad Avanza (LLA). El ataque a las Abuelas –y, en particular a su presidenta, Estela de Carlotto–fue uno de los temas que se mencionó.

En tanto, la exESMA, sufrió una ola de despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH). Según estimaciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gobierno despidió a más de 250 trabajadores de esa dependencia. Además, dispuso que sea la Policía Federal Argentina (PFA) la que controle los ingresos a la SDH (SDH).

Y desde el 2 de enero, el secretario Alberto Baños decidió cerrar el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti por una “reestructuración” que no explicitó en qué consistirá. Asimismo, hace unos días, Baños despidió a quince delegados de ATE pese a que tienen estabilidad en el cargo.