Mucho más estruendoso que los coletazos de la agenda política que atraviesa la coyuntura, será el momento en que las consecuencias del tarifazo sobre los servicios públicos empiece a verse reflejado en las boletas de luz, gas y agua y dejen de ser una amenaza, para transformarse en un yunque sobre el debilitado bolsillo de la enorme mayoría de los argentinos.

Como postales antagónicas de una misma realidad, tarifas y salarios, ocupan la agenda de la actualidad, aunque los titulares de los medios corporativos exhiban otra realidad. En horas recientes al cierre de esta edición, se terminó por convalidar un nuevo aumento sobre el salario mínimo, vital y móvil. Un 21% en tres tramos mensuales entre septiembre y noviembre, constituyen apenas una mueca frente a la escalada inflacionaria que agota la paciencia social. Como contracara, el próximo mes las facturas de los servicios públicos reflejarán un aumento que luego se trasladará en forma irremediable al conjunto de precios de productos de consumo masivo.

El salario, cada vez más mínimo

En esta semana se reunió el consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) compuesto por las centrales obreras, el Estado Nacional y las cámaras patronales. La CGT y los patrones, con abstención de la CTA y rechazo de la CTA Autónoma, acordaron una actualización del 21% en tres tramos de 7% entre septiembre-noviembre, con cláusula de revisión del acuerdo ese último mes. De esta forma el haber será de $51.200 en septiembre, de $54.550 en octubre y de $57.900 en noviembre.

El Centro CIFRA de la CTA había señalado en forma previa al encuentro del consejo que “Serían necesarios $ 71.600 en agosto para alcanzar el mismo poder de compra que el salario mínimo tenía en 2015, y casi $ 119.000 serían equivalentes a la línea de pobreza para una “familia tipo” y agregaba que “en los primeros 7 meses del año en curso el salario mínimo tuvo una disminución de 1,6% en términos reales”.

En tiempos de Mauricio Macri irrumpió en nuestro país un nuevo paradigma en las relaciones de trabajo: los asalariados pobres. El deterioro de los salarios en el país ha marcado una tendencia creciente y que se profundiza en la que un trabajador en relación de dependencia y formalizado, no puede alcanzar con su salario a la compra de una canasta básica para su familia.

Según señala un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas “obtener un empleo no garantiza acceder al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que establece la Ley de Contrato de Trabajo, lo cual resulta aún más grave si tenemos en cuenta el fuerte deterioro que ha sufrido ese valor de referencia en los últimos años”. En efecto, 3 de cada 10 trabajadores obtiene ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo.

“Los bajos ingresos no se explican exclusivamente por los empleos de tiempo parcial. De hecho, aun ajustando el indicador en función de las horas trabajadas, resulta que casi una cuarta parte de las/os trabajadores ganan menos del salario mínimo por hora. Este porcentaje asciende al 36,7% para las/os cuentapropistas y 41,8% para la población asalariada informal” sostienen desde el informe que marca con claridad el deterioro del poder adquisitivo del salario en nuestro país.

Los crecientes niveles de precarización contribuyen a explicar que buena parte de la clase trabajadora deba vender su fuerza de trabajo por debajo de su valor. Si se toman como referencia los valores de las canastas básicas utilizadas oficialmente para la medición de la pobreza y la indigencia, surge que casi 1 de cada 4 trabajadores y trabajadoras (24,2%) son pobres y el 4% son indigentes. Resulta claro entonces que obtener un empleo no garantiza per se acceder a un umbral de consumo que asegure condiciones mínimas de reproducción. Incluso para las/os trabajadores que habitan en hogares donde hay más de un ocupado, la pobreza es aún muy elevada (21%).

“En una Argentina que atravesó en los últimos años un extenso período recesivo agravado por la pandemia, con capacidad ociosa y un mercado interno deprimido, sostenemos que el principal estímulo para la reactivación es la recuperación de los ingresos populares” concluyen desde el citado instituto.

Tarifazos

El nuevo esquema de segmentación de luz y gas comenzará a partir de este jueves 1 de septiembre y desde la Secretaría de Energía se estima que el impacto de la facturación, se verá reflejado a mediados de octubre.

La flamante Secretaria de Energía, Flavia Royón, ofreció una reciente conferencia con el nuevo equipo de trabajo de la dependencia a su cargo, en referencia a las decisiones definitivas sobre la segmentación tarifaria en los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural.

Alrededor del 30% de la población usuaria perderá la totalidad de los subsidios entre septiembre y enero de 2023, y una porción importante verá un aumento sustancial de las tarifas reflejado en las próximas boletas que arriben a su domicilio.

A la quita de subsidios implementada en marzo y junio a todos los usuarios residenciales, comerciales e industrias chicas de gas y electricidad (en función del tope equivalente al 80% del Costo de Variación Salarial (CVS) y al 40% para la tarifa social), se le habrán de sumar los nuevos tarifazos acordados con el FMI, proyectados por Martín Guzmán y ampliados por Sergio Massa.

“La inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para implementar la segmentación tarifaria – que inicialmente se estimaba que abarcaría sólo al 10% de los usuarios para pagar el costo pleno de la energía-, amplió este universo al 38% de los usuarios, en tanto al nivel 1 de altos ingresos se le adiciona a los no inscriptos.” Señalan desde el Centro CIFRA a lo que debe sumarse el ajuste sobre las tarifas que tendrá lugar por mayores consumos, en lo que será consecuencia de la política de “consumo eficiente”.

Desde CIFRA enfatizan que “La recuperación económica y del empleo que tuvo lugar en 2021 y, en menor medida, en el primer semestre de 2022, no han sido suficientes para revertir la crisis social provocada por la caída de los salarios reales. Esta situación se ha complejizado aún más producto del agravamiento del proceso inflacionario, por lo que resulta inviable intentar que las tarifas acompañen la fuerte expansión de los costos de la energía. Las últimas políticas tarifarias planificadas para la quita de subsidios energéticos (a las que se suma también el servicio de agua de redes) no fueron planificadas de forma coordinada ni presentan criterios homogéneos, lo que dificulta estimar el impacto total que tendrán sobre el nivel de ingresos de los distintos tipos de usuarios. Esto genera un mayor nivel de incertidumbre en un contexto de alta inflación como el actual.”

Por su parte, desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas sostuvieron en relación a la nueva segmentación tarifaria que se advierte “la ausencia de una mirada integral a la problemática energética, que ponga el foco en el monitoreo constante de costos de explotación de los subsistemas hidrocarburífero y eléctrico, respectivamente, constituye una falencia estructural que sigue ensombreciendo la comprensión de la problemática en su conjunto.”

En ese sentido, aclaran que “la cuestión tarifaria está directamente ligada a ese análisis integral, ya que los componentes de los precios mayoristas y su incidencia en la tarifa final que pagan los usuarios, representan entre un 40% y un 45% promedio del total erogado en la tarifa. Como ya hemos explicitado en distintas ocasiones, no se explica adecuadamente la formación de los precios mayoristas del gas natural y de la energía eléctrica, al tiempo que la dinámica de los subsidios a la oferta incremental de gas natural en el marco del plan de incentivos tiene una incidencia relevante en la problemática de los subsidios energéticos.”

Desde el instituto se permiten concluir que “Los anuncios necesitan explicaciones mucho más claras y sólidas y, por otra parte, es imprescindible recuperar la mirada integral en la problemática de los subsidios energéticos. Si ese replanteo se demora, si no se demuestra voluntad política para encarar una reorientación integral de la política energética que nos permite abordar horizontes de sentido mucho más claros en favor de las mayorías populares, no haremos más que perpetuar un estado de cosas que termina, indefectiblemente, en un nuevo ataque a los bolsillos de los conciudadanos, castigados por la persistente inflación y la caída de los ingresos”.