El senador nacional y candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria (FpV), Daniel Filmus, solicitó hoy al juez federal Ariel Lijo que lo tenga como querellante en la causa en la que se investiga si hubo una campaña “sucia” en su contra en el marco de los comicios porteños.
Filmus presentó esta tarde el planteo ante la Secretaría Electoral y manifestó estar directa y personalmente afectado por encuestas telefónicas previas a los comicios locales del 10 de julio último.
La presentación la realizó patrocinado por el ex titular de la Cámara Federal y ex ministro de seguridad bonaerense, León Arslanián.
De esta manera, Lijo, subrogante de la juez con competencia electoral María Servini de Cubría, deberá decidir si acepta que Filmus sea “parte” en la causa iniciada por denuncia del vicepresidente del Partido Justicialista, distrito Capital Federal, Juan Manuel Olmos.
El candidato a jefe de gobierno de la Ciudad por el FpV reclamó esa condición “para impulsar la investigación y pedir medidas de pruebas”, señaló Arslanián.
Lijo, quien días atrás allanó los domicilios de tres empresas que podrían estar vinculadas a la presunta campaña “sucia” contra el senador, ordenó hoy realizar pericias sobre el material informático secuestrado en esos operativos.
El estudio fue encomendado a peritos de Gendarmería Nacional, la misma fuerza que participó en los procedimientos realizados en las firmas TAG Continental, Connectic SRL y NSS, con domicilios en Libertad 1240, Talcahuano 446 y Virrey Ceballos 422, respectivamente.
Tag Continental sería un call center argentino usado en las encuestas, mientras que Connectic «posteaba el servidor» NSS, detallaron fuentes judiciales cercanas a Lijo.
Entre los “puntos de pericia” requeridos a los expertos de Gendarmería figura la cantidad de llamadas efectuadas en el marco de una encuesta que, según se denunció, buscaría difamar a Filmus, al vincular al padre del postulante con el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender.
El ex apoderado de la Fundación es objeto de una investigación para determinar si hubo ilícitos con el manejo de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales.
La ley 19.945 prevé penas de hasta dos años de prisión para quien “despliegue actitudes engañosas que tiendan a inducir a otro a sufragar de determinada forma, o a abstenerse de hacerlo».
La encuesta se hacía a través de grabaciones telefónicas que, tras “partir” de Buenos Aires, “triangulaban” en Miami y volvían a los clientes de aquellas compañías en esta ciudad.
En la causa consta el IP del servidor del que partía el audio que se usaba para realizar los llamados por internet, indicaron las fuentes consultadas.
