Con cada declaración se abren interrogantes en la investigación que rozan al Jefe de Gobierno que trata de  despegarse del caso que lo tiene a mal traer y amenaza con ser una piedra en su candidatura a presidente.

Los testimonios de miembros de la Policía Metropolitana ante los diputados porteños que integran la Comisión Investigadora de la Legislatura que indaga las responsabilidades políticas de la causa de las pinchaduras clandestinas, sumaron un nuevo elemento que cuestiona el plan inicial para la PM que ideó el ex jefe de la fuerza Jorge “el Fino” Palacios, hoy detenido en el Penal de Marcos Paz.

El ex comisario tenía pensado armar una institución con las mismas atribuciones de la Policía Federal, a pesar de que la ley que le dio marco a la Metropolitana la ponía a la altura de una fuerza dedicada a las faltas contravencionales, con poca injerencia en delitos de peso, como el juego clandestino, la prostitución, el narcotráfico y el robo de automotores, que seguían estando en la órbita de la Policía Federal.

Públicamente, Palacios aceptó comandar la institución creada por ley, pero en la intimidad continuó con su plan trazado y así se lo hacía saber a los ex federales que contrataba para los puestos de importancia de la Metropolitana.

Tal estrategia quedó revelada en las últimas semanas en la Investigadora, con las declaraciones del ex jefe de la fuerza Roberto Ontiveros; el superintendente de Comunicaciones de la PM, Eduardo Martino, y el comisionado general a cargo de la Dirección de Análisis e Información del Delito de la fuerza, Alejandro Parodi.

 “Al principio el Fino presionó a Macri para crear una institución con amplios poderes, similares a los de la Federal, y una vez caído este proyecto jugó a dos puntas, simulando que aceptaba las condiciones que le imponía su jefe político, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. Pero por otro lado seguía reclutando hombres para realizar lo contrario”, manifestó un comisario mayor de la Federal, con conexiones en la cúpula de la Metropolitana.

 Y el testimonio de Ontiveros le da la razón a la fuente. “Palacios me convoca cuando la PM era un proyecto y yo iba a estar a cargo del área que iba a ser de inteligencia o análisis criminal, luego me piden que elabore un departamento de prevención de adicciones”, reveló el testigo.

La declaración es clave para describir el armado que planeaba el Fino, con atribuciones que la fuerza no tenía, ya que la Metropolitana tenía prohibido por ley realizar tareas de inteligencia. Pese a ello, Palacios lo convocó para trabajar en esa área.

La idea del ex jefe de la fuerza porteña volvió a quedar en evidencia al conocerse el expediente Nº 1.311.125 de 2009 sobre la compra de un software de inteligencia criminal a la empresa Global Tech. Esa operación fue por un monto de 560.472 pesos. El Sentinel Visualizar es un sistema de entrecruzamiento de información que permite importar datos personales de la persona buscada. El pedido de compra está firmado por Martino. Ese expediente fue uno de los motivos por los cuales los legisladores de la Investigadora citaron el martes de esta semana al policía, quien negó que ese aparato se utilizara para tareas de inteligencia, aunque reconoció que “se trata de una herramienta para determinar interferencias intencionadas a los efectos de dar rápida respuesta a un determinado problema”.

El interrogatorio de los legisladores se centró en compras por licitaciones reservadas y secretas que efectuó el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, entre ellas, un analizador de espectro de frecuencia de doble propósito para supervisar redes alámbricas. El uniformado se defendió al explicar que él “no era el responsable de decidir acerca de las compras, ya que sólo proponía o sugería lo que se debía adquirir”.

Llegado el turno de Parodi, al preguntársele si utilizaba el software de inteligencia criminal, respondió que no, aunque agregó que le están programando un sistema operativo específico para conformar un “mapa del delito de toda la Ciudad”.

El policía confirmó que conocía a Palacios por haber trabajado juntos en la Federal y agregó que fue su superior en la Metropolitana.

A pesar de los dichos de los uniformados, los legisladores cuentan con un grave problema, ya que no tienen información certera sobre el pasado de los miembros de la PM y, en muchos casos, deben conformarse con las afirmaciones de los involucrados.

Sobre esta situación, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, acusó directamente a Macri al señalar, durante su paso por la Legislatura, que el jefe comunal no consultó los archivos de esa repartición para nombrar a los integrantes de la Metropolitana., aunque la  culpa sería compartida en tanto y en cuanto, autoridades de la Federal tampoco colaboraron con la nueva fuerza, ya que en ningún caso entregaron los legajos de los hombres que pasaron por la institución.

“Los ex federales que forman parte de  la PM tienen dos pasados, uno el que contaron para entrar en la policía y el otro, el verdadero”, le explicó a este medio un ex comisario inspector de la Federal que fue compañero de varios de los actuales miembros de la PM. “Lo que Parodi contó en la Investigadora es un cuento de hadas, ya que cuando era comisario de la Policía Federal trabajó en tareas de inteligencia en las áreas de Seguridad Interior y Coordinación Federal. También formó parte de Seguridad de Estado de la Federal y fue destinado en El Dorado, Misiones, hasta que  con la llegada a la Presidencia de la Nación de Néstor Kirchner en 2003, Parodi fue pasado a retiro”, detalló el  ex policía federal.

Otro dato que ejemplifica el poder que Palacios sigue conservando en la fuerza se centra en las figuras de varios comisionados generales. “Alberto Insúa es uno de ellos y tiene un cargo jerárquico ya que se encuentra en el escalón inferior al de los cuatro superintendentes, quienes manejan la PM en la práctica, ya que encima de ellos se encuentra Burzaco. Insúa es el segundo de Martino y además conduce una agencia de seguridad privada”, relató un alto integrante de la Metropolitana, para luego agregar: “El otro caso es el de Carlos Misurelli, quien también trabajó en tareas de inteligencia en su paso por la Central de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad de la Federal. Propuesto por el Fino, su nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad, en la Resolución Nº 1087-MJYSGC/09, con el grado de Comisionado General, el 5 de noviembre de 2009”, concluyó.

Una fuente cercana al ex comisario  detenido, aseguró: “El Fino es un tipo ambicioso que no iba a hacerse cargo de una fuerza sin peso. No venía para dirigir una nueva Guardia Urbana”.

 Al respecto, cabe recordar  que la fuerza porteña no puede intervenir en los delitos de robo y/o homicidios porque no tiene competencia, y básicamente está destinada a levantar los puestos ilegales de venta ambulante, cuidar las plazas y los hospitales y realizar actas de comprobación. Y tampoco contaba con el manejo de las comisarías que siguen dependiendo de la Federal. O sea que  tiene poca relevancia.

Sin embargo,  Palacios tenía la idea de avanzar en la adquisición de nuevas competencias que le permitieran tener un mayor control de las actividades ilícitas que se produjeran en la Ciudad. Y eso significaba pisarles los negocios de recaudación ilegal a los Federicos(federales). Por eso era evidente que harían lo imposible para tumbarlo”.explicitó la misma fuente.

La estrategia del ex jefe de la PM se basó en los datos que Macri le contó durante la campaña electoral por la Jefatura de Gobierno, donde el PRO confiaba ciegamente en que la Nación le iba a traspasar la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Federal. Con la ventaja de esa estructura, el crecimiento de las atribuciones de la futura PM estaba cantado. Seguridad Metropolitana es la más grande de las trece Superintendencias que componen la Policía Federal y la integran cerca de 12 mil efectivos. De ella dependen las 48 comisarías de la Ciudad, el Comando Radioeléctrico, el Departamento de Prevención de la Violencia en el Fútbol, la Guardia de Infantería, la Policía Montada, la Policía de Tránsito y los Bomberos.

Aunque lo razonable era el traspaso de la Superintendencia, eso chocó de plano con la negativa de la Policía Federal de entregarla. Porque si eso hubiera sucedido, la fuerza habría perdido la mayor parte de su poder, ya que de los 30 mil hombres que la componen, casi la mitad están en Seguridad Metropolitana. Y hubiera contribuido a crear una fuerza tan poderosa como ella, con el agregado de que los federales habrían perdido también las principales atribuciones que tenían en la Capital.

Todo llevó entonces al nacimiento de una débil y condicionada policía porteña. Sin embargo, eso no contuvo al Fino, quien siguió armando una fuerza con atribuciones que tenía prohibidas. Las consecuencias están a la vista y el Gobierno macrista tendrá que hacerse cargo.