¿Por qué el equipo argentino juega un papel clave en el caso de los 43 estudiantes mexicanos?

La desaparición – y probable masacre – de 43 estudiantes ha generado malestar social en todo México. Pero mientras los manifestantes salen a las calles, las fuerzas federales y los investigadores han rastreado sitios a lo largo de un río en el estado de Guerrero, donde se dice que los cuerpos de los estudiantes han sido quemados y arrojados hace menos de dos meses.

Entre esos investigadores están 12 expertos forenses de Argentina. Su presencia en México durante el caso – excavando restos humanos en varias fosas clandestinas y comparándolas con el ADN de los estudiantes – es representativo del apoyo de la nación sudamericana en cuestiones de derechos humanos más allá de sus fronteras.

Argentina sufrió una dictadura militar de siete años que terminó en 1983. El país estuvo plagado de profundas violaciones a los derechos, como torturas, desapariciones y secuestros. Pero en las décadas que siguieron, la Argentina ha pasado a estar en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos internacionales; lo que va desde el apoyo a los nuevos casos legales contra los abusadores de la era dictatorial en otros países a la identificación de los cuerpos en fosas comunes.

«Argentina siempre ha puesto su propia lucha en un contexto internacional», dice Valeria Barbuto, directora de Memoria Abierta, que agrupa a las organizaciones nacidas de la represión de la dictadura argentina. Ella señala los esfuerzos de la Argentina en los foros internacionales, como las Naciones Unidas, para establecer directrices más claras sobre la forma de enfrentar los abusos de derechos humanos del pasado, y señala que el primer fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya fue un argentino. «Ellos han entendido que se trata de un esfuerzo global», dice Barbuto.

Mientras que cinco países en el cono sur de América Latina sufrieron dictaduras militares en los últimos 40 años, la Argentina se ha movido más agresivamente para hacerle frente a los abusos de derechos humanos. Esto dio lugar a la creación de organizaciones como el Equipo de Antropología Forense argentino, actualmente en trabajo en México.

Formado en la década de 1980 por Clyde Snow, un antropólogo forense de EE.UU., ha sido fundamental en la identificación de los restos en fosas comunes de cerca de 600 de los miles de argentinos desaparecidos.

Pero el equipo ha ganado su experiencia en todo el mundo. Recientemente estuvo en El Salvador para investigar una masacre campesina de 1932. También trabajó en Ciudad Juárez, México, para identificar los cuerpos de las mujeres que fueron asesinadas en un apogeo de violencia en la zona, durante una ola de feminicidios.

Actualmente en el Estado de Guerrero, los argentinos están trabajando como expertos independientes en nombre de las familias de los 43 estudiantes.

«Ellos no sólo son técnicamente capaces, sino que además tienen un compromiso con la justicia,» dice Barbuto. Hasta el momento han exhumado algunos restos humanos, pero ninguno ha sido identificado como de los estudiantes desaparecidos.

«Va a tomar mucho tiempo», dijo Luis Fondebrider, presidente del equipo. «No sabemos cuándo vamos a terminar.»

La disposición de Argentina para hacer frente a su pasado reciente ha inspirado a otros. El país procesó a los jefes militares responsables de la «desaparición» un estimado de 30.000 personas en la década del ‘70 y del ‘80, y ha buscado sin descanso a cientos de niños que fueron robados a los presos políticos y criados por familias de militares. Desde que Argentina anuló las leyes de amnistía hace una década que protegían a los oficiales militares que supervisaban su «guerra sucia» contra las guerrillas y las personas asociadas con la ideología de izquierda, ha habido más de 400 condenas.

«Argentina ha tenido el valor de enfrentarse a sus propios fantasmas», dice Ángela Fernández, que forma parte de un gran grupo de españoles que buscan en este país justicia por los crímenes presuntamente cometidos por la dictadura de 1939 a 1975 de Francisco Franco contra los disidentes españoles, al igual que su padre y su tío. «Es un ejemplo para todos los países que han sufrido crímenes de lesa humanidad», dice Fernández.

Impedidos por una ley de amnistía de 1977 en el país, los españoles presentaron una demanda aquí en 2010. El mes pasado, María Servini de Cubría, la jueza argentina que ha reunido pruebas sobre los casos, emitió órdenes internacionales de detención para 20 personas que se eran funcionarios bajo el gobierno de Franco, acusándolos de abusos contra los derechos humanos, que incluyen el pedido de ejecuciones, la tortura y, en el caso de un médico, el robo de un bebé. Servini de Cubría invocó el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales el investigar presuntas violaciones de derechos humanos en el extranjero.

Cuando las leyes de amnistía tenían lugar en la Argentina, un juez español investigó  crímenes contra los derechos humanos en el país.

«Al igual que España ayudó a la Argentina, proponemos que el sistema jurídico argentino ayude a España a tratar con su pasado», dice Gastón Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales, una prominente organización de derechos humanos argentina. «Hemos tenido avances y retrocesos, pero ahora hay un consenso social de que no vamos a retroceder. El mundo es consciente de esto.»

Fuente: CSMonitor, EE.UU.