La embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré, cuestionó la propuesta de sectores opositores en torno a la ley de derribo. Al respecto sostuvo que sería de «indiscutible inconstitucionalidad». 

«El narcotráfico es una actividad delictiva demasiado grave como para que se digan cosas irresponsables, oportunistas o improvisadas, o para que se engañe a la gente con supuestas soluciones mágicas», señaló la ex ministra de Seguridad y de Defensa.

Así Garré deja en claro que una eventual ley de derribo sería de «indiscutible inconstitucionalidad» y -citando a José Manuel Ugarte- afirma que se trata de «una ejecución sumaria sin forma de juicio, la aplicación deliberada de la pena de muerte a quienes continúan amparados por la presunción de inocencia derivada del artículo 18 de la Constitución Nacional».

Según marcó, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que «nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” y también que “no se restablecerá la pena de muerte en los países que la han abolido”, como sucede en Argentina.

Asimismo, Garré hace referencia a «dolorosas y muy conocidas experiencias de los riesgos de la aplicación de leyes de derribo» en la región y pone como ejemplo a la Fuerza Aérea del Perú que en el 2001 derribó una avioneta, en la que murieron dos personas, y luego se constató que no tenía drogas ni ninguna mercadería ilegal.

«El Estado de Derecho, la preservación de la vida de quienes deban ser sometidos a la Justicia y el derecho de defensa en juicio, son también indispensables cuando se lucha contra el narcotráfico», añadió.

Por último, señaló que el narcotráfico «constituye un problema complejo, dinámico y multicausal que genera efectos negativos en la salud, la convivencia social, la seguridad ciudadana, las instituciones democráticas y las actividades económicas» y exige «un abordaje integral y multidisciplinario».