El diputado de Unión Popular (UP) Víctor De Gennaro consideró sobre el proyecto de modificación de ART que “la Presidenta sólo defendió a las empresas, le tiró un guiño a los sindicalistas afines que participan del negocio de las ART y demostró que no se preocupa por la vida de los trabajadores.  Por eso, algunos salieron con vergüenza a decir que el sistema de prevención va a venir después”.

“Pero aún así, bienvenido sea el anuncio del proyecto oficial, porque esta confesión de parte fortalece la decisión de seguir debatiendo en todo el país  si  ‘se discute el negocio o se discute la vida’”. 

En este sentido consideró que “en ningún momento de su discurso la Presidenta nombró a lo ocho millones de trabajadores que no tienen ART ni de las muertes  y accidentes laborales (siete mil casos cada año)”.

De Gennaro, presentó ante el Congreso un proyecto de Ley de Prevención de Riesgo y Reparación de Daños en la Salud Laboral debatido y consensuado con organizaciones sindicales enroladas en la CTA que, ese mismo día se movilizaron para respaldarlo”.

“Nosotros  ya le dijimos “Basta” al negocio de los noventa y planteamos que hay que hacerse cargo, desde la seguridad social, del derecho a la prevención y a la reparación de los daños laborales.  Por eso nuestro proyecto Ley de Prevención de Riesgo y Reparación de Daños en la Salud Laboral es un proyecto “al revés” del que plantea el  Ejecutivo.  Al objetivo central de eliminar la doble vía, planteado por la Presidenta, nosotros le oponemos la prevención y la vida. Sostenemos que hay que dar vuelta el sistema creando instancias de organización y gestión, sin fines de lucro, integradas por trabajadores y empresarios.  Proponemos  la creación de un Banco Nacional de Seguro como entidad pública no estatal, la figura del delegado de prevención como nexo entre los trabajadores y dichas instancias y la de la Secretaría de Prevención”, explicó el legislador.

En cambio, según él, “el proyecto anunciado por la Presidenta  es un chantaje  a la desesperación del trabajador y de su la familia en un momento de crisis y una ofensa a la constitucionalidad, ya que contradice doce fallos de la Corte Suprema que garantizaron el derecho de los trabajadores a reclamar ante la Justicia Civil”.