El ministro de Justicia, Julio Alak, anunció que hoy se realizaron dos presentaciones, la primera ante la Corte Suprema de Justicia, para que analice el bloqueo en la designación de jueces por parte del Consejo de la Magistratura. La segunda ante la Procuración General de la Nación  para que analice desde punto de vista penal la conducta de varios consejeros que provocan ese bloqueo en el Consejo.

En una presentación ante periodistas, en la sede de la cartera de Justicia, Alak ratificó que ambas requerimientos judiciales fueron realizados por el  Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

Explicó que se recurrió a la Corte, en su rol de cabeza del Poder Judicial, de máxima autoridad, para que analice la situación del el Consejo de la Magistratura “que impide y bloquea en forma sistemática la posibilidad de que este cuerpo pueda avanzar en la designación de jueces naturales, como manda la Constitución Nacional”.

Señaló que por ello donde se tramitan causas de alto impacto institucional, como es la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales, se produce “una demora deliberada” causada “por la minoría en el Consejo, integrada por representantes de la UCR, de los Abogados, y del juez Ricardo Recondo. “Este bloqueo de cinco integrantes provocó que la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial no puede contar con jueces institucionales” para resolver la causa por la Ley de Medios.

Recordó que hace tres años ha dictado una medida cautelar, a la que la Corte Suprema de Justicia le puso un plazo –el 7 de diciembre próximo- pero “esta Cámara sigue con una competencia irregular, con jueces jubilados o subalternos, que van a cumplir funciones de subrogantes y pueden dictaminar en la causa, que debe ser analizada por jueces naturales, electos y aprobados por el Consejo de la Magistratura”.

Por ello, agregó Alak, se solicitó a la Corte que “se avoque para resolver esta irregularidad. Se le pide a la Corte que de nulidad al mecanismo establecido por la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial para designar jueces subrogantes en juzgados vacantes mediante sucesivas acordadas, algunas sin fundamento, otras contradictorias”, afirmó.

Se le permite a esta Cámara –agregó- que la Ley de Medios tenga “jueces rotatorios de una duración semanal” provocando “un doble fraccionamiento de competencia, con el mero trámite con jueces semanales, y para las sentencias un sistema de sorteo”, con lo cual ningún judiciable, sea el Estado o empresas, “no sabe fehacientemente que juez va a dictar sentencia”.

“Esto –agregó el ministro de Justicia- genera una gran desigualdad ante la ley, vulnera el principio Constitucional que garantiza un juez natural”, señalando que se han realizado numerosos planteos “para que cese este mecanismo, especialmente para estas causas, que la ciudadanía pueda saber con precisión que juez va a dictaminar”, no obstante “se ha mantenido este sistema rotatorio; terminan designando jueces jubilados”.

Por tal razón “le pedimos a la Corte la avocatoria”, en su condición de Superintendencia, que ejerce el control disciplinario de los juzgados y “analice la nulidad del sistema rotatorio”, y se aplique la Ley Nro:  26376 que regula que debe hacer una Cámara cuando un juez titular se ha jubilado o está vacante. La ley, agregó, dice que la vacancia de un juzgado debe ser atendido por juez que sigue en turno. Ello, dijo “no ha sido respetado por Cámara” y por ello se solicita a la Corte “se avoque y en su rol de Superintendencia declare la nulidad de las designaciones hechas en forma irregular”.

Respecto de la otra presentación, ante la Procuración General de la Nación, es para que “analice desde el punto de vista penal” la oposición en el Consejo de la Magistratura y además el hecho de que “un mismo actor (Recondo) genera un mecanismo en la Cámara (en lo Civil y Comercial) de no aplicación de la ley para cubrir juzgados vacantes” y al mismo tiempo, como conserjo, bloquea la designación de jueces naturales.

Se solicito que su conducta “sea analizada desde el punto de vista penal, si incurrió en el delito de no observancia de las normas”, ya que un funcionario público “tiene especial responsabilidad en el cumplimiento de las normas”.

Alak sostuvo que “no es al azar esta maniobra que debe ser investigada” pues la ley “es sumamente clara para cubrir los juzgados vacantes; es clara, sencilla”, pero se ha recurrido a “sofisticados artilugios para no cumplirla”.

Sostuvo luego que también se observa con preocupación, el hecho de que el consejero Daniel Ostropolsky, “tiene un familiar directo, como titular de medios, que está impignando la ley” de Servicios de Comunicación Audiovisual. Un familiar de Ostropolsky “es dueño o socio de una repetidora de radio Mitre en Mendoza” y ello también “debe ser analizado desde el derecho penal, ya que no hubo excusación del consejero”.

Genera preocupación y “nos ha dejado sorprendidos”, agregó, la actuación del juez Recondo “en dos frentes: en el Consejo de la Magistratura y en la Cámara en lo Civil y Comercial y no se ha excusado y además “hace gala de una amistad personal con el presidente de la Corte; no sabemos con qué fin lo hace público, pero esto genera preocupación institucional”, dijo.

Alak sostuvo luego que el gobierno “no hubiera querido hacer estas presentaciones”, pero debió realizarlas porque “a las instituciones hay que protegerlas”.

Expresó además que “es indispensable que la Corte intervenga para solucionar y ordenar este desorden que hemos advertido en el trámite de causas de alto impacto institucional a través de “Cámaras  incompetentes, jueces jubilados, jueces rotatorios”.

“Queremos jueces de la Constitución, electos por el Consejo de la Magistratura, que respeten el mecanismo del consejo, que no fue creado para bloquear designaciones. Queremos que se respeten las leyes y la Constitución”, acortó.