En la última sesión maratónica se aprobaron una serie de leyes como la Regulación de los cuidacoches o “trapitos” ( hoy con anuncio de veto desde el Ejecutivo), la prohibición a los manteros, la ley de verificación vehicular, la venta de inmuebles –único patrimonio del Estado porteño– bajo la excusa de juntar recursos para reparar el Teatro San Martín En ese contexto que tuvo como broche final la selección de cargos futuros para legisladores que terminaban su mandato, la ley Gascón fue una señal de justicia para las más de 50 familias del barrio de Almagro, desafectando la propiedad de la ordenanza creada por Onganía para construir una inexistente autopista y reasignándola para la construcción de viviendas sociales. Luego de seis años de batalla legislativa, el consenso llegó y ningún sector político pudo negar la existencia del lugar, ni el derecho de las familias a seguir habitando un lugar que de por sí vienen habitando desde hace más de tres décadas. La decisión fue categórica: el proyecto de ley de la diputada ibarrista María Elena Naddeo recibió el acompañamiento de todos los bloques legislativos, reflejando el amplio apoyo vecinal y político que las familias de Gascón vienen logrando a través de una larga y permanente lista de asambleas, festivales, visitas de legisladores, autoridades eclesiásticas, ONG e instituciones del barrio de Almagro. El Estado deberá invertir en el edificio sito en Gascón 123 para construir viviendas sociales, viviendas que serán pagadas en cuota por sus habitantes. Sin embargo para los habitantes de la propiedad en cuestión, sigue latente el recuerdo del veto de Macri a la ley de desafectación del inmueble de la ordenanza militar en 2008, ley que como ahora también contó con la aprobación unánime de la Legislatura. Por tal motivo, las 53 familias, si bien felices, seguirán en estado de alerta y movilización.