«Todo sucedió un 7 de diciembre de 2012, por orden de la jueza María Cristina Nazar y a pedido del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un operativo conjunto, la Policía Federal junto a la Metropolitana desalojaron violentamente el predio ocupado en reclamo de viviendas en la Ciudad. El resultado, dos cadáveres: el de Bernardo Salgueiro, paraguayo, de 22 años, y el de Rosemary Chura Puña, boliviana, de 28. Luego también sería asesinado Emiliano Canviri de 38 años pero ya no por la policía sino por su equivalente civil, una patota mixta – barrabravas, sindicalistas y punteros – que respondían en forma pendular al duhaldismo y al PRO.» Fragmento de Ricardo Ragendorfer – Miradas al Sur – Domingo 3 de junio de 2012.
Un año y medio después basta con comparar las políticas del gobierno nacional – creación del Ministerio de Seguridad, Cinturón Sur, efectivos en la calle, mesas de seguridad barriales, etc. – con las tomadas por el gobierno local – continuidad de la represión, xenofobia, exclusión – y por sobretodo la mentira como eje institucional.
El ministro de seguridad porteño, Guillermo Montenegro, en aquellos tiempos declaró «…en nuestra fuerza no existe la famosa escopeta itaka», mientras la agencia Nacional Telam publicaba la foto de efectivos de la Metropolitana disparando con ellas. Luego diría «…es una suerte que hayamos decidido no comprar ni una bala de plomo…», mientras en un allanamiento en el barrio de Chacarita eran secuestrados 98 cartuchos de plomo comprados pocas semanas antes del hecho, junto a 202 proyectiles similares más en stock. Por supuesto, ni uno ni otro hecho fueron publicados por el diario Clarín ni ninguno de sus medios, propios u obsecuentes, de forma tal que los lectores puedan realcionar y/o vincular los acontecimientos. Sí en cambio, destacaron las declaraciones del ministro macrista.
Lo concreto es que, a pesar de los hallazgos y las fotos, el juez Eliseo Otero, ladero menemista del entonces principal operador judicial Jorge Anzorreguy – hermano del otrora jefe de la SIDE, Hugo – aterrizado en el juzgado de instrucción N° 9 en 1992, formado judicialmente en los años duros, no tuvo ningún empacho en dictar el sobreseimiento de los 45 policías imputados.
